Un análisis objetivo del reciente acuerdo alcanzado por los partidos políticos para avanzar en una nueva Constitución requiere de un juicio que no sea en exceso triunfalista ni tampoco de fracaso irremediable.

Desde el primer punto de vista, parece claro que este logro de los partidos políticos negociadores reedita la antigua «democracia de los acuerdos», en la que, pensando sólo en el bien común del país, todos aceptan ceder parte de sus posiciones iniciales para arribar a un consenso razonable.

Y ello debe celebrarse.

Asimismo, es valorable que se reconozcan las urgencias que hoy vive Chile y la necesidad de regular temas urgentes, como la modernización del Estado y el sistema político-electoral, porque todos ellos pasan por bases constitucionales claras y acordes a la realidad actual.

No son sólo temas legislativos que pudiera abordar el Congreso.

Se trata, además, de temas del Chile actual y que no pueden remontarse a la expresión ciudadana manifestada en el plebiscito de octubre de 2020, que formó parte de un proceso que fracasó el 4 de septiembre pasado por decisión de la propia ciudadanía.

Las mismas bases acordadas recogen lo más auténtico de la tradición constitucional chilena, al tiempo que mencionan temas imprescindibles de abordar, como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y el imperativo de cuidar la naturaleza y su biodiversidad.

Sin embargo, existen varios vacíos e interrogantes que despierta el acuerdo.

En ese sentido, el Congreso debiera definir, con claridad, las reglas de elección de quienes integren el Consejo Constitucional, especialmente en aplicación de la regla de la paridad como en la integración supranumeraria de escaños indígenas.

Y la misma explicitación requiere la definición de los criterios para la selección de los «expertos», concepto que, claramente, se ha prestado para las más variadas interpretaciones y especulaciones.

Al ser ellos quienes redacten el anteproyecto constitucional y velen por el respeto a las bases definidas son claves en el ejemplo que deban dar para negociar y arribar a consensos razonables en bien del país y que no sólo satisfagan a grupos o intereses puntuales.

Chile deposita grandes esperanzas en este segundo intento constitucional.

Aprendamos de los errores y démosle a Chile la Constitución que merece.

Directora Centro de Justicia Constitucional UDD