¿Nos sentimos reflejados por una sociedad plurinacional que diluye nuestro ethos cultural y nuestra tradición en una fragmentación de comunidades que, incluso, son muy diversas entre ellas?

El problema de las salidas binarias es que hay que definirse por cualquiera de las dos opciones en juego: una u otra. Ese es exactamente el dilema que enfrentamos los chilenos en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Algunos se preguntan cómo hacerlo cuando reconocen aspectos rescatables en la propuesta de nueva Constitución como la especial protección que asegura a los adultos mayores, el reconocimiento de derechos digitales que nos pone a la vanguardia de los desafíos tecnológicos propios del siglo en que vivimos, y la preocupación por el cuidado del medio ambiente en tiempo de crisis climática.

Naturalmente, el análisis anterior considera solo el resultado del proceso constituyente y prescinde de la pirotecnia que rodeó el trabajo de la Convención Constitucional. Todas esas manifestaciones alegóricas, en algunos casos, y dramáticas, en otras, procuraron ocultar la realidad de que la participación de la ciudadanía no logró ser incidente y que algunos temas, como los pesos y contrapesos, propios de un Estado de derecho, fueron tratados con una superficialidad increíble.

Pero lo que hay que evaluar y juzgar el 4 de septiembre no es la actitud de los convencionales, ni sus riñas internas, sino que el producto de su trabajo, que se ha reflejado en la propuesta de una nueva Constitución con 388 artículos permanentes y 57 disposiciones transitorias.

¿Qué elementos pueden contribuir a adoptar una decisión en conciencia cuando se trata, como se ha dicho, de una propuesta binaria?

El primer criterio es lo que, para cada uno de nosotros, es fundamental. Me refiero a la forma como podremos educar a nuestros hijos, asegurar una vejez digna y un acceso a la salud que podamos elegir, no que se nos imponga. A lo anterior podría añadirse el respeto y protección eficaz a nuestros derechos, partiendo por el derecho a la vida y siguiendo por las distintas manifestaciones de la libertad, sin olvidar el derecho de propiedad que solo refleja el fruto de nuestro propio esfuerzo. Si esos aspectos que constituyen el sustento de nuestra vida cotidiana y de la de nuestras familias, se aprecian debilitados, probablemente, ningún eslogan como el de “aprobar para mejorar” tendrá sentido: la columna vertebral estará quebrada.

Un segundo criterio tiene que ver con la apreciación respecto de quién o quiénes deberán implementar o “poner en marcha” la Constitución. Y, en esa materia, se hace necesaria una distinción. 

En el caso de los derechos sociales, profusamente desarrollados en la propuesta, no caben dudas que, al tener los preceptos constitucionales, fuerza normativa directa, desde el primer día de vigencia de la nueva Carta, podrían ser reclamados ante los tribunales. Esto augura un inevitable aumento de la justiciabilidad y de la definición de importantes políticas públicas por los jueces, porque estos están afectos al deber de inexcusabilidad: no podrán negarse a brindar amparo a quien lo solicita invocando, como excusa, que no se ha dictado la ley que regula el respectivo derecho.

En aspectos orgánicos, en cambio, las diversas instituciones que desarrolla o crea la propuesta constitucional tardarán los tiempos legislativos que ya conocemos en traducirse en leyes, por ejemplo, la que crea la Defensoría de la Naturaleza. Pero, mientras tanto, llegaremos al término del actual período legislativo, de modo que, probablemente, será el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados el que termine operativizando la nueva Constitución, por la mayoría de sus miembros presentes y, en muchos casos, sin la segunda deliberación de la Cámara de las Regiones que estará imposibilitada de intervenir.

El último criterio, no menos importante, es el de la identidad, tan reclamada por estos días. ¿Nos sentimos reflejados por una sociedad plurinacional que diluye nuestro ethos cultural y nuestra tradición en una fragmentación de comunidades que, incluso, son muy diversas entre ellas? ¿Deben cada una de esas comunidades impactar en la organización de nuestro Estado al punto de desfigurar los cánones de representación y decisión?

Estas son algunas de las preguntas que cada uno de nosotros debe formularse antes de depositar su voto en la urna pensando, además, que usted y yo estaremos definiendo nuestro presente, pero también el futuro de nuestros hijos y nietos.

*Marisol Peña Torres – Profesora Investigadora Centro de Justicia Constitucional UDD