Columna de Opinión publicada el 15 de febrero por Marisol Peña, Directora de Programas Académicos y Profesora Investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, en El Líbero.
En la medida que nos acercamos al inicio de los debates en el pleno de la Convención Constitucional se han hecho frecuentes los llamados a votar “rechazo” en el plebiscito de salida. Curiosa anticipación cuando ni siquiera estamos ciertos de cuáles normas de las aprobadas por las comisiones temáticas lograrán el quórum de los 2/3 de los convencionales en ejercicio para pasar a formar parte de la propuesta constitucional que se someta a la ciudadanía en el aludido plebiscito.
La reflexión que precede no pretende desconocer la preocupación que ha generado, en personas y sectores, que van más allá de la clásica división entre derechas e izquierdas, la aprobación de ciertas normas que nada tienen que ver con una regulación constitucional -como la prohibición del uso de fertilizantes, abonos e insumos fundamentales para la agricultura en ciertas zonas- o de otras que suponen un retroceso flagrante en materia de derecho de propiedad, de libertad de emprender o de un porfiado unicameralismo que deja sin adecuada representación a las regiones del país. Sinceramente, creemos que se trata de normas tan ajenas a lo que Chile requiere para crecer y desarrollarse en libertad y confianza que no pueden llegar a ser aprobadas en el pleno de la Convención Constitucional.
Sin embargo, los llamados a votar “rechazo” en el plebiscito de salida parecen ser extemporáneos en este momento. De allí que llama la atención la propuesta -ampliamente difundida por los medios de comunicación y las redes sociales- el ex senador Pablo Longueira quien no sólo argumenta en favor de un anticipado rechazo en el plebiscito de salida, sino que propone un mecanismo alternativo.Dicho mecanismo consiste en modificar la Ley 21.200, que introdujo las reglas para llevar a cabo el actual proceso constituyente en el Capítulo XV de la Carta Fundamental declarando que, en el caso que se rechace la propuesta de la Convención Constitucional, siga vigente la presente Constitución. Además, en esa misma opción, debiera abrirse la posibilidad de la convocatoria a una nueva elección de convencionales para hacer una nueva Carta Fundamental generando, así, una renovada oportunidad de construir la “casa de todos”.
La “propuesta Longueira” no es razonable. Primero, porque la Ley 21.200 ya regula la consecuencia de la opción “rechazo” en el plebiscito de salida: “Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución” (artículo 142 inciso final). Luego, nada debe modificarse en ese sentido.
En lo que se refiere a convocar a una nueva elección de convencionales constituyentes, porque ésa habría sido la opción popular en el plebiscito de octubre de 2020, todo parece haber cambiado. Muchos de quienes votaron por la opción “apruebo” redactar una nueva Constitución y hacerlo a través de una Convención Constitucional íntegramente elegida por la ciudadanía, ya han manifestado públicamente su arrepentimiento, entre ellos, el propio Longueira. La actual Convención Constitucional ha sido un ejemplo de populismo y de nula técnica constitucional que bien cabe preguntarse si, realmente, la ciudadanía querrá repetirse el plato. Y eso que ni siquiera se ha considerado el gasto fiscal que supondría la instalación y funcionamiento de una nueva Convención con resultados que, con plena certeza, no distarán de los que hasta hoy hemos conocido.
Parece, entonces, que el modelo de la democracia representativa y el ejercicio del poder constituyente derivado, por el Congreso Nacional, no está del todo descartado. Es a éste a quien debiera corresponderle introducir los cambios que la Constitución requiere considerando la tradición chilena, el proyecto constitucional del segundo período de Michelle Bachelet y los propios debates sostenidos en la actual Convención Constitucional. De lo contrario, la participación electoral en la última elección parlamentaria no habría superado en casi 2% la que se verificó en el año 2017, antes del estallido social. Las personas siguen creyendo en sus parlamentarios, pese a todo. A ese proceso de reforma constitucional sólo debiera agregarse la indispensable participación ciudadana, pero tomada en serio, no como ha ocurrido en esta Convención.
