Columna de Opinión publicada el martes 28 de diciembre por Marisol Peña, Directora de Programas Académicos y Profesora Investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, en El Líbero.
El Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente de la Convención Constitucional prevé distintas vías para que la ciudadanía pueda hacerse parte en el desafío de elaborar una propuesta de nueva Constitución para Chile. Entre dichas vías destaca la “iniciativa popular de norma”definida como “un mecanismo de participación popular mediante el cual una persona o grupo de personas puede presentar a la Convención Constitucional una propuesta de norma sobre una materia de índole constitucional”.
Para que esas iniciativas puedan ser consideradas por la Convención se fijó un estándar casi imposible: deben reunir 15.000 firmas provenientes de, al menos, 4 regiones distintas. De las 236 iniciativas populares de norma que figuran presentadas oficialmente en la página web de la Convención Constitucional en materia de derechos fundamentales, sólo dos superan el umbral de las 3.000 firmas emitidas a través del sistema de clave única, en tanto que algunas ni siquiera registran una.
La Convención Constitucional ha acusado el golpe: en estos días decidió postergar el cierre del plazo para presentar iniciativas populares de norma fijado originalmente para el 6 de enero. Ahora podrán presentarse hasta el día 20 de ese mes, pero, ciertamente, nada asegura que el bajo nivel de firmas que hasta ahora concitan estas iniciativas registre un cambio significativo a menos de un mes del cierre definitivo del plazo.
Por otra parte, la sola presentación de una iniciativa no asegura que figure en la plataforma digital de la Convención a fin de recibir firmas de adhesión. La Comisión de Participación Popular puede declarar inadmisibles aquellas iniciativas cuyo contenido produzca un incumplimiento de las obligaciones emanadas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado de Chile.
Sin embargo, no se ha previsto una barrera de admisibilidad para aquellas iniciativas que, derechamente, no deben figurar en la Constitución atendida su naturaleza de norma marco de la convivencia ciudadana. Es así como, en el portal de la Convención, observamos varias iniciativas que no pueden aspirar a convertirse en normas constitucionales. Entre ellas, la que propone incorporar salas de rehabilitación deportiva a la atención primaria o la propuesta sobre baños en espacios verdes como parques y plazas en las zonas urbanas.
En este aspecto, la Comisión de Participación Popular -que también es de educación popular constituyente- ha fallado. No resulta justo incentivar expectativas ciudadanas respecto de la nueva Constitución sin explicar previamente la naturaleza de ésta y su necesaria complementación por las normas jurídicas derivadas como la ley y los reglamentos. Para decirlo en breves palabras: la Constitución no puede hacerse cargo de todos los problemas ciudadanos. Más bien, le corresponde fijar el marco de principios y directrices para el desarrollo de las políticas públicas pertinentes a través de la dictación de los respectivos cuerpos legales.
A estas alturas podemos decir, con responsabilidad, que la Convención Constitucional ha generado expectativas de participación ciudadana que ya se muestran desbordadas. Recordemos que el sistema de sorteos en las audiencias públicas, en base a factores de preeminencia como la paridad de género, ha privado de hacer llegar su voz a personas y gremios que, sin duda, merecían ser escuchados.
Así, si algo positivo puede sacarse en limpio del sistema de presentación de iniciativas populares de norma es que él se muestra como un interesante test ciudadano que debiera ser tomado en consideración por el Presidente electo y el equipo que lo acompañará en su gobierno. Del listado de iniciativas presentadas no sólo se desprende un diagnóstico de las prioridades ciudadanas (salud, educación, previsión y libertad de enseñanza) sino que, también, la necesidad de impulsar ciertas políticas públicas que, aunque no sean materia de la Carta Fundamental, revelan aspectos en los que nuestra sociedad está al debe.
