La Profesora Investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho UDD, Catalina Salem, fue entrevistada el pasado 13 de diciembre para el medio de comunicación digital El Líbero.
La experta en materia constitucional, que ha expuesto en dos comisiones de la Convención, abordó cómo la elección del nuevo Congreso influyó en el proceso constituyente, asegurando que “ahora que no se podrá llevar a cabo el plebiscito dirimente, se va a reforzar la regla de los dos tercios”.
A continuación, su entrevista completa:
La abogada de la Universidad Católica, Catalina Salem, e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, no solo sigue desde la academia el proceso de la Convención, sino que también desde “dentro”. Le ha correspondido exponer en la Comisión de Derechos Fundamentales y en la Comisión de Sistemas de Justicia.
Sostiene que luego de seis meses cumplidos de la Convención, empieza un segundo tiempo marcado por el nuevo Congreso y la premura de sacar el nuevo texto adelante.
“Cuando se acordó el cronograma, algunos convencionales deslizaron la opción de extender ese plazo en caso de que en un año no se pudiera entregar la propuesta de nueva Constitución, pero ahora con un Congreso Nacional que tiene equiparadas sus fuerzas es bastante difícil aprobar una reforma constitucional que permita modificar el plazo”, recalca.
-¿Cree que un año es un tiempo apropiado para tener un nuevo texto constitucional?
-Recién en febrero se votan los textos de normas constitucionales. El plazo que tiene la Convención es apropiado, quizás se demoró mucho en la parte inicial, pero era entendible porque es un órgano nuevo que tenía que instalarse. Y recordemos que lo logró, gracias al apoyo de funcionarios del Congreso. La gran tensión del plazo está en que la Convención Constitucional se ha propuesto tener muchos procesos de participación popular, son instancias de validación más allá de la norma jurídica que buscan hacer partícipe a la sociedad civil y que eso se traduzca en un apoyo al texto constitucional. En ese sentido, creo que la Convención va a tener que renunciar a ese objetivo que tenía en su Reglamento.
-Ahora hay un nuevo Congreso y vemos fuerzas políticas equiparadas, ¿qué significa para la Convención?
-Es una lectura que hay que hacer en este momento porque tenemos una segunda vuelta presidencial muy ajustada. Tres temas en el segundo tiempo de la Convención: en primer lugar, el plazo de la constitución. Cuando se acordó el cronograma hace unas semanas atrás, algunos convencionales deslizaron la opción de extender ese plazo en caso de que en un año no se pueda entregar la propuesta de nueva Constitución, pero ahora con un Congreso Nacional que tiene equiparadas fuerzas distintas es bastante difícil aprobar una reforma constitucional que permitiera la reforma en este plazo.Ahora se da vuelta, y la mayor prioridad en este segundo tiempo es cumplir con este plazo. En consecuencia a esto ya se discute reducir semanas distritales para enfocarse en la redacción de la Constitución. Se dieron cuenta que no existe la alternativa de ampliar ese plazo constitucional”.
-¿Y el plebiscito dirimente? Su realización quedó estipulada en el Reglamento y la ciudadanía piensa que va a participar en las discusiones que no logren los dos tercios, pero sí los tres quintos.
-La propuesta viene del Partido Comunista, pues les interesaba mucho que no se cumpliera la regla de los dos tercios en la Convención y finalmente quedó en el Reglamento de Participación Popular para evitar los dos tercios. Quizás, sea otra lectura de la elecciones recientes, pero la ciudadanía valora los acuerdos, y ahora que no se pueda llevar a cabo el plebiscito dirimente, se va a reforzar la regla de los dos tercios.
–El PC y, otros sectores al interior de la Convención, al querer saltarse la norma de los dos tercios, ¿qué se estaba transgrediendo?
-En el Acuerdo por la Paz de noviembre del 2019 y en la actual Constitución, se establece que, para aprobarse las normas de propuesta de texto constitucional debe ser por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Entonces, esa es la regla que se ha tratado de evitar por algunos sectores al interior de la Convención Constitucional. Lo que se infringe es la Constitución vigente. En este punto, volvemos al origen del inicio del proceso, cuando se planteó si la Convención es o no un poder constituyente originario. Aquí el problema, como ocurre con el plebiscito dirimente, es que nos lleva a discernir entre el discurso político y las normas jurídicas.
-Ambos candidatos presidenciales, Gabriel Boric y José Antonio Kast, tuvieron un rol activo en las campañas del Apruebo y Rechazo, respectivamente. Quien sea electo como Presidente, ¿puede incidir en el resultado del Plebiscito de Salida?
-El próximo año a diferencia de éste, vamos a tener tres actores relevantes del proceso constituyente. Actualmente, hemos tenido un Presidente de la República ausente que se ha relegado de participar y de opinar del desarrollo y debate de la nueva Constitución. Es más, se ha limitado a dar el apoyo financiero y técnico que le exige la Constitución a una Convención Constitucional. Esta situación el próximo año va a cambiar, con cualquiera que resulte electo como Presidente de la República, los tres actores serán: el Presidente, el Congreso Nacional y la Convención Constitucional. Es muy probable que cambien los actores institucionales.
-Dependiendo del resultado electoral, ¿ve factible que se modifique el periodo parlamentario y presidencial?
-Desde el punto de vista de la redacción de un texto constitucional, todo nuevo texto contempla una parte transitoria, en donde se ubican artículos de esta índole, desde el antiguo orden constitucional al nuevo orden constitucional. El texto vigente de la Constitución le señala a la Convención Constitucional que no puede poner término anticipado al periodo de aquellas autoridades que han sido electas por votación popular. A menos que se suprima el cargo presidencial o que sufra una modificación sustancial. En este caso, la Convención sí podría establecer un término anticipado.
-Ante una eventual fuga de convencionales para ser parte de un gobierno u de otro, ¿qué tendría que ocurrir constitucionalmente?
-Se tendría que elaborar una reforma constitucional. A los convencionales constituyentes se les aplican los mismos estatutos que a los parlamentarios quienes no pueden renunciar a su cargo, salvo en el caso de enfermedades graves que les impida ejercer sus actividades y que sea declarado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el caso de los convencionales constituyentes, quedó en el vacío por la norma establecida dentro del estatuto del TC donde señala que, ningún otro órgano podrá revisar las decisiones de la Convención, salvo el proceso de reclamación de la Corte Suprema.
-Históricamente, se ha dicho que Chile tiene un régimen de presidencialismo exacerbado. A su juicio, ¿qué es lo más idóneo para Chile?
-Al interior de la Convención se van a presentar distintas posturas: Una, es mantener el régimen presidencial atenuando algunas atribuciones del Presidente de la República, pero siempre conservando la iniciativa exclusiva en materia económica, porque tiene que haber un responsable de las finanzas del Estado. Nuestra historia constitucional demostró que el Congreso Nacional no fue responsable con las recaudaciones del Estado, lo que generó muchos perjuicios para el devenir de Chile. En este punto, hay algunas atribuciones que siempre se mencionan como que serían parte de un presidencialismo exacerbado, pero no son tales, sino atribuciones políticas que tiene el Presidente. Entonces, no es una atribución en realidad tan exacerbada, es simplemente una señal política.
-Una de las opciones que se plantea es avanzar hacia un régimen parlamentario. ¿Qué significaría para la institucionalidad?
-Esto es, crear un Parlamento unicameral y un sistema parlamentario, es decir, el gobierno lo generan los miembros del Congreso. Esta postura es la más peligrosa para la democracia constitucional, porque se borran muchos contrapesos que tiene hoy el Parlamento, entre ellos, uno interno que es la Cámara de Diputados y el Senado, donde tienen composiciones distintas, tanto sus elecciones, como sus atribuciones. El problema de Chile es que, a lo largo de su historia, ha tenido a Presidentes de la República con minorías en el Congreso Nacional, por lo que siempre se ha caracterizado más bien por ser un sistema muy bipartidista.
-¿Cómo fue su experiencia como expositora en la Convención Constitucional?
-La primera fue el 9 de noviembre, ante la Comisión de Derechos Fundamentales. Y, la segunda, el pasado 2 de diciembre expuse de forma presencial ante la Comisión de Sistemas de Justicia. Aquí también conté con la escucha activa de sus integrantes y las preguntas fueron muy interesantes. Pero fue notorio que algunos convencionales no compartían mis ideas, se notaba en su lenguaje no verbal. Ahí me quedó la duda si realmente existía alguna posibilidad de persuadirlos o ya estaban muy comprometidos con sus propias ideas. En cualquier caso, el solo hecho de escuchar creo que es un ejercicio democrático importante, porque cualquiera que sea el camino que se adopte, de alguna forma se hará cargo de aquellas otras alternativas que se plantearon y que fueron descartadas en el proceso.
