Columna de Opinión publicada el sábado 9 de octubre por Sergio Verdugo, Director del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho UDD, en el medio de comunicación La Tercera.
Por Sergio Verdugo, director Centro de Justicia Constitucional Universidad del Desarrollo
Existen varias críticas a los plebiscitos dirimentes. Una crítica que no ha sido suficientemente debatida es el riesgo de que ellos contribuyan a generar una Constitución inconsistente, cuyos efectos puedan ser imprevistos incluso para los propios convencionales. Esto podría ocurrir porque, de materializarse, los plebiscitos podrían ser utilizados para resolver numerosas preguntas que, siendo respondidas de forma separada, serían votadas de manera simultánea. Así, las mayorías que cada respuesta logre no necesariamente reflejarían la voluntad de los ciudadanos que participaron en dichos plebiscitos, radicalizando la paradoja de Condorcet a niveles intolerables.
Suponga, por ejemplo, un plebiscito que considere preguntas sobre (1) el sistema presidencial, parlamentario o semi-presidencial, (2) la duración del mandato de autoridades electas (3) el sistema electoral aplicable al Congreso, y (4) la posibilidad de que el Congreso posea una o dos Cámaras. Suponga, además, que la Convención fue capaz de resolver por dos tercios otros puntos relacionados, tales como, (5) la definición del calendario electoral, (6) el estatuto de los partidos políticos, (6) los límites a la reelección de autoridades y (7) las barreras de entrada para candidatos independientes y descolgados. En este ejemplo, los puntos 1-4 serían aprobados con la incerteza de saber el resultado de los puntos 5-7, en circunstancias que todos ellos deberían examinarse de manera conjunta para asegurar que el nuevo régimen político posea arreglos institucionales consistentes que obedezcan a objetivos claros.
Como el plebiscito impediría la existencia de un debate sobre el modo como cada punto impacta en el otro, haría improbable alcanzar objetivos comunes. Una mala combinación de respuestas podría establecer procesos políticos que promuevan la inercia y los bloqueos legislativos, o que concentren demasiado poder en el Ejecutivo, entre otros problemas posibles. Ello podría, incluso, ser contraproducente con el objetivo de generar un sistema político que pueda responder a las demandas sociales que sirvieron de base para la defensa del cambio constitucional.
