Dr. José Manuel Díaz de Valdés, Director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, opina como experto respecto «Cuatro ejes de la discusión constitucional: Igualdad (iii)», en el Diario Financiero.
¿Favorece la Constitución actual la desigualdad?
Ponce de León: Creo que la Constitución sí tiene algo que ver. La igualdad está contemplada como un principio, como un deber del Estado, como un derecho de los particulares, y como derecho también tiene varias dimensiones. El artículo 19 numeral segundo nos dice que en Chile se garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley… que hombres y mujeres son iguales ante la ley…
¿Qué problema podría haber en este texto?
Uno tiene que ver con que la Constitución abraza una concepción formal de la igualdad, y no se ocupa de remover los eventuales obstáculos que en la práctica puedan limitar la igualdad de las personas. En la medida en que es relativamente ciega a la realidad que viven ciertos grupos sociales, termina generando una exclusión de facto. Un segundo problema es que se permite hacer diferencias cuando son razonables, y el problema es que cuando hay estereotipos estadísticamente correctos, como que las mujeres viven más que los varones, esto puede justificar que las mujeres perciban pensiones menores a los hombres.
Díaz de Valdés: De todas maneras. La igualdad es parte esencial del cambio constitucional, pero no sé si la igualdad en términos del artículo 19 numeral 2. Creo que la gente está pensando en otras cosas, en derechos sociales y económicos, que es una bajada de la igualdad. Pero tengo diferencias con lo que propone Viviana.
A mí me gusta mucho el sistema (contra la) distinción arbitraria, porque en otros sistemas se busca luchar contra la discriminación por categorías (por la raza, por ejemplo), en ese sistema siempre te quedarás corto. Mientras nuestra disposición lo hace mucho más amplio.
¿En qué reformas podría pensarse?
Ponce de León: Habría que explicitar que la igualdad no es sólo ante la ley, sino también en los resultados de la aplicación de la ley. Una mención explícita a criterios que inciden en la discriminación, como el sexo, la raza, la discapacidad, la religión… y que se incluya una cláusula más o menos abierta que se refiera a otra situación social análoga. Creo también que se debería incluir una autorización expresa al legislador para adoptar medidas afirmativas.
Díaz de Valdés: Cuando los Estados quieren luchar contra la discriminación sistémica, luchar contra la distinción irracional no es suficiente. A mi juicio debe mantener como estándar la distinción razonable, porque es muy útil y flexible para el juez. (…) Un gran déficit del que no se hace cargo nuestra Constitución es la discriminación entre privados, y esa disposición se podría extender para cubrir este tipo de discriminación. Una opinión poco popular es incluir en la Constitución un par de categorías, de grupos claramente discriminados, para dar realmente prioridad. Incluyendo acciones de afirmaciones positivas con foco en un par de grupos, le daría al Estado un mandato directo de sacar políticas públicas para grupos multi-discriminados.
¿Pero mejorar la protección a este tipo de grupos no es materia de educar a los jueces o políticas públicas? ¿Qué tan efectivo puede ser el eventual cambio del texto constitucional?
Ponce de León: La respuesta a los problemas de desigualdad se debe dar en distintos niveles, de políticas públicas, de los jueces, pero también requiere de un sustento constitucional robusto, que haya un mandato a los órganos del Estado. Díaz de Valdés: Enfocando la pregunta en los derechos sociales y económicos, hay que recordar que la Constitución define cuáles son los derechos de las personas y lo que quiere que la sociedad entienda por eso. Por eso me gustaría que los derechos sociales y económicos estén en una forma más robusta. Pero vale decir que esto no siempre es necesario para que se cumplan en la práctica.
Este debate por la igualdad no es exclusivo de Chile, pero en otros lados no se busca una respuesta, una solución, en la Constitución. ¿Por qué acá sí?
Ponce de León: Eso se explica, en parte, por factores culturales. En Chile, y en el resto de Latinoamérica, tendemos a ser bastante formalistas y poner cierta fe en los textos legales. Quizás eso explica por qué la discusión ahora se centra en una nueva Constitución. En el caso particular de Chile tiene que ver con cierta responsabilidad que se atribuye a la Constitución de 1980, al orden social que creó, en configurar estas desigualdades. Por ejemplo, al consagrar derechos a elegir entre proveedores públicos y privados.
Díaz de Valdés: El derecho constitucional tiene mucho de política también, y aquí se nota. El estallido social fue algo sorprendente, y los primeros días fueron de muchas demandas muy concretas: queremos menos abusos, sueldos más altos, precios más bajos en las farmacias. ¿Te va a resolver eso la Constitución? No. La Constitución no te va a fijar un sueldo mínimo. Eso no va a pasar.
Con el proceso constituyente se quiso dar un curso político a la crisis social, y ya que vas a cambiar la Constitución, la pregunta es: sabiendo que la Constitución es limitada, ¿Qué se debe cambiar para ayudar a mejorar esto? Sabiendo que es sólo el principio de la historia.
Mañana: Constitución y Medio Ambiente
Viviana Ponce de León, profesora de Derecho Constitucional U. Austral
Marcela Vélez-Plickert, Periodista
José Manuel Díaz de Valdés, director del Centro de Justicia Constitucional UDD
