Columna Opinión del Dr. Sergio Verdugo, Investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho, Publicada el lunes 03 de febrero en La Segunda.
Uno de los principales problemas de la Constitución vigente es la existencia de un sistema de gobierno que hace difícil formar coaliciones legislativas que permitan responder a demandas sociales importantes. Los bloqueos legislativos que impiden a los gobiernos de turno implementar sus promesas electorales, frustrando las expectativas de quienes votaron a favor del Presidente, no son solo el fruto de resultados electorales. Dichos bloqueos son, en parte, producto de la coexistencia de una serie de reglas institucionales que no conversan bien entre sí, aprobadas en reformas políticas recientes. Aunque dichas reformas probablemente no buscaban generar un proceso legislativo tan deficiente como el actual, han carecido de una mirada sistémica de las reglas aprobadas.
Cabe destacar la reforma al sistema electoral proporcional para elegir al Congreso, aprobada en 2015; y la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con la primera vuelta presidencial, en 2005. Estas reglas son inconsistentes con la forma hiperpresidencialista que tenemos, y tienden a producir un Congreso multipartidista con poca disciplina y escasos incentivos para colaborar. Es debido a estas reglas, en parte, que los chilenos no han podido acordar reformas en materias relevantes como pensiones y salud.
Lamentablemente, los incumbentes poseen pocos incentivos para modificar estas reglas: no es esperable que un Presidente promueva la reducción de sus propios poderes, y ni tampoco que un Congreso electo con el actual sistema electoral —aprobado en 2015— logre acuerdos políticos para modificarlo. Por lo anterior, es poco probable que una agenda de reformas constitucionales pueda corregir este problema.
“Si vamos a reemplazar la Constitución actual por una nueva, debemos superar las inconsistencias del sistema de gobierno”.
Es importante, entonces, que el proceso constituyente discuta una modificación a estas reglas. Un caso interesante a observar es el sistema francés posterior a la reforma de 2008. En dicho país, las elecciones parlamentarias tienen lugar un mes después de la segunda vuelta presidencial, generando estímulos para la formación de alianzas legislativas amplias que adhieren al programa presidencial vencedor. Luego, debe nombrarse un primer ministro que refleje la mayoría de la asamblea nacional.
Es posible que el proceso constituyente fracase en esta tarea. La dictación de una constitución incoherente, con reglas institucionales inconexas que puedan estimular procesos políticos deficientes, es un riesgo que hay que evitar. Por ello, deben rechazarse ideas como la de aprobar normas por separado sin seguir procedimientos de discusión y votación que aseguren una perspectiva más amplia. La Constitución actual es el resultado de una serie de reformas incoherentes, discutidas sin una mirada sistémica. Si vamos a reemplazarla por una nueva, debemos promover mecanismos que nos permitan superar las inconsistencias de nuestro sistema de gobierno.
