Este 9 de abril, fue publicada en El Mercurio una carta al director redactada por el profesor investigador del Centro de Justicia Constitucional, Ignacio Covarrubias C.
«Señor Director: 1. Quien infringe el derecho de personas involucradas en procesos judiciales no es necesariamente quien publica una filtración sobre esa causa (como la prensa), sino quien la entrega a sabiendas de lo que ello implica. El problema en esta fase no es el medio de comunicación, sino el mensajero; en este caso, el fiscal, los funcionarios o abogados intervinientes en la investigación.
2. En Estados Unidos, donde la libertad de expresión es vigorosamente resguardada, les está expresamente prohibido a los fiscales, bajo sanción de cárcel y multa, filtrar información que sea perjudicial a los derechos de quienes están siendo investigados en juicios criminales.
3. Más todavía, los fiscales están obligados a develar los antecedentes que podrían ser exculpatorios para los investigados, al punto de que ha llevado a la Corte Suprema a afirmar que si tal información no es revelada por el fiscal, no podrá ser usada como evidencia en el juicio (Brady v. Maryland, 373 U.S. 83).
4. Quienes esgrimen que este tipo de regulaciones inhiben la libertad de prensa tienen razón, pero olvidan que este derecho siempre puede ser modulado para proteger la eficacia de la investigación penal o la imparcialidad de la justicia, fines tan relevantes como aquellos que resguarda la libertad de expresión.
5. En ocasiones, incluso tribunales norteamericanos y de países europeos han ordenado restringir el flujo de noticias sobre un proceso penal para garantizar el derecho de los acusados a un juicio justo e imparcial.?
6. La labor de la prensa para develar escándalos morales, jurídicos y políticos es invaluable, pero su rol queda debilitado cuando, so pretexto de sacar a la luz lo que está podrido en la sociedad, pone en entredicho bienes tan importantes como aquellos que subyacen a la libertad de expresión o incurre en prácticas tan cuestionables como aquellas que denuncia.»
Ignacio Covarrubias
Centro de Justicia Constitucional
Facultad de Derecho-UDD
