Paola Merino y su pareja arriendan un departamento en el sector Lomas de San Andrés de Concepción. Hace unos cinco meses tomaron la decisión de buscar una nueva opción más económica. El problema, sin embargo, es que después de todo ese tiempo siguen en la búsqueda: limitaciones de parte de los arrendadores y alzas en el precio de los arriendos -un hecho inusual, según dice – han postergado el proceso, al punto de que hoy parece casi imposible conseguir un arriendo que se ajuste a su realidad. «Cuando nosotras hemos buscado arriendo, siempre nos piden que hay que ganar tres veces el valor del arriendo, pero acá el sueldo promedio no es arriba de un millón, con suerte $500 mil (…) A veces piden arriba de $400 mil el arriendo, además del gasto común que está sobre los $100 mil, es decir, gastas más de lo que ganas», plantea Merino, quien también compara la situación local con la de Santiago: «Allá encuentras un departamento céntrico, con tres dormitorios, en $380 mil, pero acá uno céntrico vale sobre los $500 mil».
Para poder arrendar, explica, hoy los arrendadores piden un mes de arriendo, el mes de garantía -en algunos casos se exigen dos- y el 50% del corretaje, lo que abulta los montos. Otra cosa que les ha tocado sufrir es la prohibición de llevar mascotas, «algo que complica mucho a la hora de encontrar un arriendo». Suma la tramitación compleja y la sobreexigencia de ciertos documentos, como las doce cotizaciones de AFP, las liquidaciones de sueldo e, incluso, certificados de Fonasa o el Dicom 360, papeles que en estos momentos son una condición para que los interesados recién puedan a ir a observar el departamento, según grafica.
«Actualmente, hay una sobreexigencia enorme. Antes arrendaba y sólo me pedían las cotizaciones y el contrato, algo simple. Cuando llegó la pandemia, muchos departamentos fueron abandonados, llegaron y se fueron, entonces quizá por eso los arrendadores aplican esto hoy», explica Merino.
Pero no es sólo ella quien da cuenta de este problema en la Región. Hay personas que a través de redes sociales, sobre todo en Facebook, exponen un problema que con los meses va in crescendo, tal como Ximena Acuña: «Cuando busqué arriendo me mostraban unas piezas interiores sin ventanas, cocina sin ventilación, en unos pasillos eternos y angostos, además de sumar humedad, deterioro… se olía hacinamiento, y para qué decir del baño compartido. El precio era de infarto». Otras personas, como Badv González o Valentina Venegas, acusan que en paralelo al alto valor de los arriendos existen muchas condiciones que limitan a las familias con niños pequeños y que para revertir este complejo escenario se necesitan políticas públicas y una legislación activa «que regule y fiscalice a los corredores, así como el acceso a beneficios estudiantiles y familiares».
Desde la Asociación de Corredores de Propiedades del Biobío reconocen que a la fecha existen ciertas dificultades en el acceso a los arriendos y que por lo mismo generan hoy un estudio con el que esperan detallar el impacto a nivel regional, informe que se levantará por medio de su Comité de Estudio de Marketing y Análisis de Mercado. Hace un mes, además, mantuvieron una reunión con la Cámara Chilena de la Construcción con la finalidad de analizar las actuales ofertas. Eso sí, plantean que estas complicaciones están más asociadas al alza de precios que trajo la pandemia y no a las sobreexigencias que varios usuarios han reportado durante estos meses.
La presidenta de la entidad, Viviana Pérez, es enfática al decir que los documentos requeridos son los mismos de siempre: una remuneración que permita pagar el arriendo, no tener morosidades y los antecedentes personales, laborales y comerciales. Lo nuevo, dice, son los dos meses de garantía, aunque no todos los corredores lo piden. «En ocasiones, las deudas de luz, agua o gas superan el millón de pesos, pero qué se hace con una garantía, en especial si además hay daños en las paredes; con una garantía no se alcanza a cubrir», explica, y advierte que eso también representa una ventaja para los clientes responsables: «Si dejan el inmueble en las mismas condiciones en que fue entregado, el cliente después tendrá un ahorro, porque la garantía se reajusta de acuerdo al último valor que cancela, entonces esto tampoco es grave y en Santiago hace muchos años se pide doble garantía, incluso más aval».
Pérez también asegura que como corredores sí arriendan a familias con mascotas, «pero siempre y cuando el dueño del inmueble los autorice, ya que por malas experiencias a veces los dueños dicen que no quieren». Agrega que en el caso de los niños ningún propietario les ha puesto trabas para recibirlos, «pues eso sería fatal».
Respecto a los altos valores que generó la pandemia, reconoce que el nivel de arriendo «ha ido un poco a la baja» en la zona, pero insiste en que a la fecha se palpa una normalización que se podría consolidar a partir de 2024. «Los precios van a tener que bajar, porque hay pocos proyectos y no hay nuevas construcciones. En pandemia, por ejemplo, teníamos departamentos que costaban $430 mil, pero hoy entre los $390 mil o los $400 mil, lo que depende de la superficie, y también hemos bajado arriendos de casas, de $1 millón a $850 mil (…) Se están haciendo ajustes y diría en el corto plazo la baja no debiese ir más allá del 15%», plantea Pérez.
Karin Bravo, directora de Postgrados de la USS, sede Concepción, subraya que en períodos de estancamiento económico los rentistas necesitan contar con mayores garantías al momento de ofrecer sus unidades, y por ello hacen más exigencias administrativas, como formalización laboral (contrato fijo, antigüedad y renta mayor), o también una garantía en caso de daños mayores. «Así como la venta de viviendas se ralentiza en períodos de recesión, porque los créditos se vuelven más exigentes, esto también se traspasa al arriendo de inmuebles. Los dueños de las viviendas requieren garantizar de alguna forma o minimizar el riesgo de sus arriendos, y por ello se ponen más restrictivos al momento de pedir documentos», puntualiza la académica, quien agrega que eso también lleva a que en muchos casos se considere la opción de trabajar con empresas corredoras de propiedades, «que procuran hacer un trabajo más profesional en cuanto a verificar el perfil de los arrendatarios».
Sobre los precios, dice que el valor de las viviendas ha subido en los últimos tres años, lo que hace que cuando se trata de adquisición como inversión los rentistas también suban el precio de los arriendos, pues el pago de la unidad en sí es más costoso. A eso añade que durante este año, por la aplicación de IVA a los servicios, el costo de los gastos comunes se encareció en los edificios y condominios, hecho que también implica un desembolso mensual mayor. «Saber hasta cuándo se puede presentar esta situación al alza es difícil de prever. El arriendo sigue siendo la única opción para algunas familias, y nuestra zona, por ser altamente considerada como un sector de servicios y con muchas casas de estudio, mantiene una demanda alta per se, es decir, mantendría sus precios altos», proyecta Bravo.
Desde el punto de vista del profesor investigador del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa UDD, Renzo Munita, hay que entender que el arrendamiento es, ante todo, un acuerdo contractual, por lo que resulta lícito que el arrendador exija requerimientos especiales con el propósito de asegurar el pago de las rentas o la integridad del inmueble: el provisionamiento de una cantidad determinada de meses de garantía, estabilidad laboral del interesado en arrendar u otras cauciones, como codeudores solidarios o fiadores, antes de celebrar el contrato. En otras palabras, el ordenamiento jurídico nacional no contempla normas que restrinjan la libertad del dueño de un inmueble.
Sin perjuicio de lo anterior, el académico aclara que es del todo conveniente indicar que dichas condiciones no pueden ser modificadas unilateralmente una vez que el contrato haya sido celebrado.
El profesional agrega que la situación advertida por la gente interesada en arrendar pudiese deberse al no pago de rentas, algo que pretende ser evitado por el arrendador a través de medidas que sólo previamente a la celebración del contrato puede exigir. Acerca de los precios, indica que eso responde a un tema país y a la inflación, «lo cual ha significado un alza sostenida en los precios a todo nivel teniendo por origen, entre otras causas, la pandemia».
Fuente: El Sur Concepción
