En julio ingresó al Senado un proyecto de ley que busca modificar el Código de Aguas para regular el agua desalada de mar y las plantas desaladoras. La iniciativa, que pasó a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía pero no ha tenido ningún tipo de discusión, busca ordenar las normativas y exigencias que se necesitarán para desarrollar una planta en el borde costero y determinar, por ejemplo, la titularidad del agua una vez desalada.
Es una discusión que viene para una actividad que poco está creciendo en el país. De acuerdo con el proyecto, a marzo de 2023 existían 28 plantas con capacidad mayor a 20 litros por segundo (It/s). De ellas, 22 están operando, hay seis en construcción, tres tienen aprobación ambiental y 12 están en evaluación preliminar a lo largo de Chile. No obstante, en Antofagasta existen 13 plantas desalinizadoras operando, cinco en Atacama, dos en Valparaíso y una en Magallanes. Próximamente habrá una en Tarapacá, Coquimbo y quizás O’Higgins. Pero hay opiniones disímiles sobre la necesidad de una regulación.
Camila Boettiger, docente de Derecho Ambiental y Recursos Naturales e investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad Del Desarrollo, indica que, pese a que hay varias mociones al respecto, sigue siendo “un tema pendiente”. “Hasta el momento la actividad se ha llevado a cabo con la figura de las concesiones marítimas para la ocupación del borde costero y extracción de agua, y la evaluación ambiental por el tipo de obra que se necesita para hacer esta actividad, pero no hay una regulación específica de la desalación”, detalla.
La experta acota que en 2022 también se presentó un proyecto que contempla la idea de dar concesiones, pero considera que hay que avanzar luego en una definición para incentivar “el desarrollo de la actividad por el Estado o privados con buenos estándares técnicos”.
No obstante, Nicolás Calderón, socio adjunto de Servicios de Sostenibilidad de EY, acota que la institucionalidad ambiental existente “puede hacerse cargo de los impactos ambientales que puedan generar estos proyectos”, y que sí hay que avanzar en considerar “dentro de las políticas públicas para el aseguramiento hídrico, tal como lo ha desarrollado en este ámbito países como Israel”, porque el desarrollo de una planta requiere de muchos años de trabajo.
Desde la Asociación Chilena de Desalación y Reúso señalan que la Comisión del Senado lleva adelante otro proyecto que crea una concesión de desalación para la extracción de agua de mar, que la encuentran más adecuada, pero creen que es una discusión redundante entre sí y con enfoques distintos: “Lo urgente es avanzar en las definiciones normativas que se adoptan en dicho proyecto para zanjar el esquema regulatorio con que se podría desarrollar la industria”, destaca Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la asociación.
La minería cuenta con más de 6.000 lt/s de capacidad instalada de desalinización de agua de mar que, sumada a la que agregarán las plantas en construcción, llegará a superar los 9.000 lt/s.Y existen proyectos en evaluación ambiental por 9.000 lt/s,“lo cual implicaría duplicar la capacidad instalada solo para esta industria, permitiendo liberar el uso de aguas continentales para abastecer al consumo humano y la agricultura”, destaca Palacios.
Para Jorge Castillo, director ejecutivo del Centro de Arbitraje y Mediación Minero y socio de la Cámara Minera, el tema regulatorio es dinámico y varía en sus miradas en cuanto a protección medioambiental. Cree que hay que tener cautela en no exacerbar esa mirada, para que no se complejicen los proyectos, porque son un aporte relevante para la industria: “En España y otros países se ha concebido esta solución como facilitadora para el ser humano y en mi concepto se debiera mantener, dado que en estos últimos años no se ha apreciado afectación alguna en lo que concierne a la captura hídrica”, afirma.
Fuente: El Diario Financiero
