El Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho UDD organizó el seminario «Nueva Ley de Delitos Económicos», con un panel de expertos que analizó los desafíos actuales del proyecto de ley, los cambios que debiese tener y el riesgo existente en algunos artículos de la normativa, bajo las problemáticas relacionadas con el sistema penal y la regulación empresarial.
Moderador:
Cristophe Giroux: Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile; Profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo. Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra.
Verónica Rosenblut: Abogada Universidad de Chile y Magíster en Derecho Penal Universidad Pompeu Fabra y Universitat de Barcelona; Profesora de derecho penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Francisco Pfeffer: Abogado Universidad de Chile; Profesor de Derecho Comercial de la Universidad del Desarrollo.
Ximena Marcazzolo: Abogada y Doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Profesora de derecho penal e investigadora del Centro de Derecho Regulatoria y Empresa. Subdirectora del programa de doctorado en derecho de la Facultad de Derecho UDD.
Francisco Ledezma: Abogado Universidad de Chile; Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad (fiscalía regional Metropolitana Centro Norte).
Para dar inicio al seminario, se explicó que el proyecto de ley surgió de una iniciativa transversal de parlamentarios, quienes coincidieron en que las penas y la regulación penal común no eran adecuadas para abordar la criminalidad económica.
Los exponentes del seminario señalaron que el sistema de terminación y sustitución de penas no tenía en cuenta las particularidades de los delitos económicos ni las circunstancias en las que se cometían. Asimismo, se resaltó la falta de cumplimiento efectivo de las penas y la percepción de impunidad en este tipo de delitos.
Uno de los aspectos discutidos fue la ineficacia del sistema de penas pecuniarias, así como la necesidad de regular el comiso de ganancia y las inhabilitaciones relacionadas con los delitos económicos. Además, se comentó la realización de modificaciones en la regulación penal sustantiva, cubriendo áreas de vulnerabilidad y regulando los delitos ambientales.
Se mencionó que el proyecto de ley estableció un catálogo de delitos económicos organizados en cuatro categorías, que abarca desde delitos cometidos en mercados regulados hasta aquellos relacionados con la recepción y lavado de dinero.
Se aclaró que la ley se aplica a personas naturales y a la actividad empresarial, excluyendo en principio a las micro y pequeñas empresas, salvo en casos de delitos de la primera categoría.
Los expertos también analizaron si la responsabilidad penal es la herramienta más eficaz para maximizar el valor de la empresa y proteger a las partes interesadas. Se enfatizó que el interés social no se limita solo a los accionistas, sino que también implica considerar el impacto de las decisiones en el entorno.
Asimismo, se resaltó la importancia del capital humano en la maximización del valor de la organización y se planteó que el régimen de responsabilidad penal incentiva la toma de decisiones eficientes.
Se argumentó que un mayor rigor en el régimen de responsabilidad puede tener efectos preventivos y disuasivos, pero no incrementará el valor de la empresa. También se agregó la incorporación de nuevos delitos y responsabilidades penales en el gobierno corporativo, advirtiendo sobre los posibles riesgos y complejidades que implican esta intensificación de la responsabilidad penal.
En relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se discutió el sistema de imputación y la automatización de la responsabilidad, donde se hizo referencia a la disputa entre las escuelas de análisis económico del derecho y las estructuras en cuanto a las sanciones penales para las personas jurídicas, resaltando la importancia de las sanciones estructurales como medio para mejorar la autorregulación. También se planteó la necesidad de regular las medidas cautelares y su relación con las multas y la anticipación de la pena.
El seminario también abordó los desafíos de establecer la responsabilidad penal de las personas naturales y jurídicas, especialmente en lo que respecta a la implementación efectiva de modelos de prevención del delito. Se hizo visible en la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y educativa de fiscales y organismos involucrados, así como de realizar modificaciones en la legislación para mejorar la rendición de pruebas en juicios orales.
Por último, y entre los desafíos adicionales, se incluyó la revisión del rol de la audiencia de preparación de juicio oral, la admisibilidad de las querellas y la posibilidad de transferir parte de la carga a los litigantes.
REVISA EL SEMINARIO COMPLETO AQUÍ
