La erosión es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la acción de agentes externos. Cuando el suelo es el afectado, puede degradar la superficie, removiendo sus capas fértiles.
La imagen de la erosión es sugerente si la aplicamos al Estado de derecho. Las leyes que razonablemente protegen las instituciones y el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales son su base; es el suelo donde crece el principio de juridicidad. Si estas leyes existen, pero no se aplican; si se encuentran vigentes, pero se resta su eficacia, al punto de que el crimen organizado parte de este hecho para afectar, a su arbitrio, los derechos de terceros en zonas cada vez más amplias del país, debemos hablar sin duda de una erosión de nuestro Estado de Derecho.
Es lo que está sucediendo con las “tomas” de terrenos, a vista y paciencia de las autoridades del Gobierno, la Administración y el Ministerio Público. Los casos de Quillota, Placilla, Valparaíso, Reñaca y otros nos dan un ilustrativo ejemplo. Bandas organizadas, compuestas en su mayoría por extranjeros, llevan a cabo la usurpación de un terreno, lo que de suyo, ya es un delito. Pero no hay siquiera que atreverse a decirlo, pues el ilícito se ejecuta invocando las “necesidades habitacionales de los sectores carenciados”, como adujo una autoridad administrativa.
Luego, estas organizaciones se comportan como “empresarios de bienes raíces”: lucran con los terrenos usurpados. De hecho, ingresan maquinarias para aplanar la superficie, lotean sitios, proyectan calles, construyen casas bajo supervisión, contratan vigilancia armada, impiden el acceso a los propietarios y venden por internet las nuevas construcciones. Sin ocultar el origen, las ofertan como “casas en tomas”, con sus dimensiones, fotografías y comodidades: a $12 millones, promedio, en Reñaca Alto; a $5,5 millones en Pompeya Sur (Quilpué) y en Forestal Alto (Viña). “Descubre otras viviendas en toma que te pueden gustar”, “con posibilidad de regularización”, constata “El Mercurio” en un reciente reportaje.
Los propietarios afectados por tomas ilegales vienen, desde hace tiempo, siendo víctimas de la violación de su derecho de propiedad, sin que las vías penales (usurpación) o civiles (reivindicatoria, querella posesoria de amparo o restablecimiento; precario, etc.) resulten efectivas. La propia Corte Suprema, vía recurso de protección (sentencia Rol 1062-2022), tuvo que reconocer en un caso que afectó a una familia de Viña del Mar que la ocupación es “ilegal” y que se está violando el derecho de propiedad; pero advirtió que también se trata de un tema “social”, porque los ocupantes tienen necesidad de un hogar y se han hecho con el terreno ante “la imposibilidad de acceso a mejores condiciones de vivienda, exponiendo así también su propia integridad, seguridad y salud”. ¿Solución? Que los propietarios de los terrenos involucrados, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar, la Seremi de Salud de la región, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Desarrollo Social se coordinen a fin de que, de manera conjunta, se otorgue una solución global y efectiva a la situación que viven los recurridos (o sea, los ocupantes ilegales), de manera tal que sus derechos sean igualmente resguardados. Literalmente.
Pero ya no se trata de un tema “social”. Se dio el próximo paso. Era inevitable. Es la lógica de la erosión del Estado de Derecho. Ahora es un tema “delincuencial”. Es decir, en estos momentos las tomas ilegales pasaron a otra etapa: son objetos de “emprendimientos”.
¿Qué dirá en el futuro la Corte Suprema? ¿Y el Ministerio Público?
Autor: Julio Alvear Téllez, Director de Investigación, Facultad de Derecho UDD
