La sociedad civil se organiza a través de cuerpos intermedios o agrupaciones que se ubican entre el individuo y el Estado, para velar por los intereses comunes de sus miembros. Así, un índice de sana convivencia y adecuado funcionamiento de una sociedad es el nivel de autonomía de los cuerpos intermedios y su reconocimiento por el Estado para la coordinación con este.

Al poner en el centro al ser humano y el Estado a su servicio, la Constitución actualmente vigente reconoce la importancia de la sociedad civil en el desarrollo económico, social y cultural, garantizando su libertad de autodeterminación y una adecuada autonomía.

No es un secreto que uno de los cambios más profundos que traía aparejada la propuesta de nueva Constitución, cuyo texto finalmente fue rechazado, era el tratamiento que se daba precisamente a los cuerpos intermedios, disminuyendo su necesaria independencia. Nos guste o no, el poder es uno solo y se divide entre Estado y sociedad civil. Así, mientras más poder le demos al Estado, como lo hacía la propuesta mencionada, menos poder reciben los cuerpos intermedios.

La relevancia de esto sale a la luz bajo ejemplos prácticos y reales, de los cuales hay muchos. Sin embargo, aquí me referiré solo a la arista judicial de la discusión ocurrida en el mercado del aprovisionamiento supermercadista, cuya conciliación fue aprobada en julio recién pasado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

La discusión comenzó con la demanda de la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP) por un supuesto abuso de posición dominante de parte de Walmart Chile S.A., el que consistiría en imponer a sus proveedores la contratación de servicios de reposición y centralización de sus productos, con características poco claras. Walmart contestó, negando las acusaciones. Luego, las partes presentaron al TDLC las bases de conciliación para su aprobación, en donde establecieron un mecanismo de solución de controversias que permite al proveedor acudir ante un tercero a quien representar su reclamo.

En este contexto es relevante destacar el papel de un cuerpo intermedio como AGIP, que en defensa de la industria proveedora, en general, y de sus asociados, en particular y, en beneficio de los consumidores, busca que distintos aspectos de la relación con la cadena de supermercados se transparenten y clarifiquen, destacando la opción de los proveedores de elegir entre los servicios que entrega el supermercado y aquel servicio que desarrolla el propio proveedor, como también, transparencia en la forma cómo el supermercado establece las tarifas de los servicios que entrega.

Casos como este debieran hacernos meditar sobre el momento histórico que estamos viviendo, dado que la discusión constitucional sigue vigente. Cuando pensamos en un Estado social y democrático de derecho, como el que proponía la nueva Constitución, se nos viene a la cabeza todo lo bueno que envuelve este concepto, esto es, que el Estado se haga cargo de la provisión de bienes públicos. Hasta aquí, todo bien.

Sin embargo, si por defender esta idea permitimos que la balanza de poder se incline a favor del Estado en perjuicio de los cuerpos intermedios y lo que nos queda es un país en el que el poder de la sociedad civil está debilitado, con poco o nada de autonomía, en desmedro de la libertad de cada una de las personas que la componen.

En un mundo como el descrito, será muy difícil ver un grupo como AGIP y una empresa como Walmart autorregulándose y obteniendo beneficios que, a pesar de estar en la esfera individual de los implicados, en realidad dan soluciones a problemas que son de interés público.

* Francisca Labbé Figueroa es profesora investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo.