Columna de Opinión publicada el miércoles 20 de octubre por Francisca Labbé, profesora investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho UDD, en el medio de comunicación digital El Líbero.
Todos tenemos el sueño de un país mejor. Aunque soñar es gratis, cumplir los sueños no lo es. Se requiere tiempo, esfuerzo, trabajo y recursos para lograrlo. Llevamos dos años permitiéndonos imaginar un Chile nuevo, esperanzados en el resultado del proceso constituyente.
Esta semana, luego de adoptar las que serán las reglas de funcionamiento, la Convención ha comenzado el debate de los temas de fondo que estarán presentes en la nueva Constitución. Grandes expectativas sociales descansan en el trabajo de los convencionales, quienes deberán recordar que nuestro país tiene recursos limitados. No es una tarea fácil, en especial cuando hay tantos anhelos en juego.
Sabemos que no todo significa un gran gasto para el Estado; al menos no necesariamente. Libertad, igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria, reconocimiento de los pueblos originarios, entre otros, implican una profundización en la forma de relacionarnos, más que cualquier otra cosa. Sin embargo, no es ningún secreto que, para satisfacer la gran mayoría de las demandas sociales, se requiere dinero. Así, pensiones, salud, educación, vivienda, conectividad, transporte, empleo, calidad de vida, seguridad, y más, son necesidades que requieren de recursos adecuadamente administrados.
Hoy, la realidad económica de nuestro país es muy distinta a la que teníamos hace dos años. Nos estamos acostumbrando a convivir con mayor deuda fiscal, inflación e incertidumbre. Esta situación no es reversible automáticamente, pero si este ritmo se vuelve costumbre y no retomamos el rumbo a tiempo, revertir el proceso se hará cada vez más difícil.
A pesar de todos los esfuerzos desplegados por el Banco Central, los indicadores no son auspiciosos. Con el IPSA a la baja, el dólar al alza, los inversionistas institucionales (tales como AFP y compañías de seguros) buscando liquidez para hacer frente a un eventual cuarto retiro de fondos previsionales y rentas vitalicias, accionistas retirando utilidades, IPC subiendo a pasos agigantados, etc., subir la tasa de interés parece no tener la fuerza suficiente para detener el ciclo.
Es importante comprender que los índices económicos no son solo números. Ellos reflejan el comportamiento humano frente a necesidades y estímulos. De esta manera, estos indicadores nos obligan a replantearnos las expectativas depositadas en una nueva Constitución. También exigen que la Convención sea cautelosa, puesto que sería un fracaso contar con un gran listado de promesas en el nuevo texto constitucional, y que no podamos cumplirlas por falta de recursos.
Aunque con fines diferentes, Economía y Derecho tienen un objeto de estudio común: la conducta humana. Por esta razón, los convencionales no pueden olvidar que lo que disponga el texto constitucional, tanto en materia social como en el área económica, mandará al Estado a cumplir un rol, y obligará a las personas a proveer al Estado de recursos para que ello sea posible.
Aunque nos cueste, o duela, admitirlo, una nueva Constitución no hará nuestras vidas mejores ni resolverá nuestros problemas de un día para otro, así como por arte de magia. Alcanzar una determinada estabilidad tiene costos, los que tarde o temprano tendremos que pagar. Por eso, parece importante recordar que todavía estamos a tiempo de seguir soñando en grande, mientras que vamos ajustando las expectativas puestas sobre los resultados del proceso constituyente.
