Columna de Opinión publicada este jueves 23 de septiembre en El Líbero por Francisca Labbé, profesora investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de Derecho UDD, sobre la incertidumbre de la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a elegir en la Nueva Constitución.
A pesar de que no se ha entrado en el debate de los contenidos de la nueva Constitución, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a elegir se encuentra en tela de juicio desde que los convencionales decidieron no incluirla en el listado de derechos que serán abordados por la futura Comisión de Derechos Fundamentales. Esto abre la discusión sobre educación, la cual se relaciona directamente con el desarrollo social, dado que la educación es la base del crecimiento económico a largo plazo.
La educación favorece el desarrollo social y al crecimiento económico porque promueve la generación de capital humano mejor preparado, lo que permite aumentar la productividad laboral. También contribuye al permitir que, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, productos, y procesos productivos, aumente la innovación. Asimismo, fomenta el desarrollo y el crecimiento, al facilitar la implementación de tecnologías extranjeras, a través de la difusión del conocimiento e información.
Sin embargo, para que la educación contribuya al crecimiento económico, es necesario contar con sistemas educativos de calidad, dirigidos a sectores estratégicos, que garanticen el desarrollo de las habilidades necesarias para que los estudiantes se transformen en personas capacitadas para el mercado laboral. Por estas razones, la discusión sobre educación siempre debería centrarse en su calidad.
Pero, no solo la calidad de la educación garantiza una fuerza laboral adecuada para el país. Junto con el desarrollo de habilidades cognitivas, es necesario crear conciencia sobre valores básicos que nos hacen comprender que con nuestro trabajo no solo nos alimentamos, sino que también nos permite cumplir nuestro rol en la sociedad. No se trata de adoctrinar, sino de todo lo contrario: abrir las mentes para poder vivir en comunidad y en paz.
La formación de ciudadanos, esto es, de personas libres que conviven en nuestra Patria, ha sido un tema presente en la historia de Chile, desde finales del siglo XIX. Salvo en algún período (1973 a 1982), enseñamos educación cívica entre los años 1888 y 1998. Lamentablemente, entre 1998 y 2020, la asignatura de educación cívica fue eliminada de los programas ministeriales para los cursos de III y IV medio, y se reemplazó por un programa de formación ciudadana, que buscaba crear conciencia de derechos y deberes de todo ciudadano, pero desde las etapas más tempranas de la educación.
El problema de este planteamiento, a mi juicio, es que produjo un cambio de foco en los valores que la educación debe promover, insinuando que en los años finales de la educación media solo se debía preparar a los alumnos para entrar a la educación superior, y no para estar al servicio de su comunidad, de su país. De esta manera, se fue perdiendo esa unidad, ese reconocimiento hacia lo que es convivir, y nos fuimos transformando en personas cada vez más individualistas, centradas principalmente en el éxito personal. Esto choca con la premisa básica de la libertad: ella termina donde empieza el derecho de otro.
Como dijimos, la libertad de enseñanza se encuentra en tela de juicio. Todos reconocemos la importancia de los símbolos. Por eso, los signos que se van mostrando durante el proceso de elaboración de la Carta Magna son relevantes. Al decidir no incluir la libertad de enseñanza dentro de los derechos que la Comisión de Derechos Fundamentales deberá discutir, la señal es preocupante.
Y es normal que nos alarmemos, puesto que, si no son los padres los primeros llamados a elegir, entonces es el Estado el que los reemplazará en esa tarea, eliminando la libertad. Cuando ello ha ocurrido, la educación se ha transformado en adoctrinamiento y no en formación de ciudadanos capacitados para contribuir en el crecimiento económico del país. Eso no es lo que pretendemos. Lo que queremos es que la Convención nos entregue una nueva Constitución, que permita un cambio social, y para que ello ocurra, la educación y el crecimiento económico seguirán siendo piedras fundamentales.
