El investigador Matías Pascuali (CDRE), publicó este miércoles 23 de junio una Columna de Opinión en el medio de comunicación Emol, sobre los temas económicos que debe regular la nueva Constitución.
Seguridad y certeza económica en la Constitución
Nos encontramos en momentos de incertidumbre. En estos momentos estamos en medio de un proceso constituyente, de cuyos resultados poco podemos adelantar, salvo que nadie tiene muchas ideas de cuáles serán los acuerdos a los que llegarán los constituyentes y que se verán reflejados en el texto constitucional.
Para el mundo jurídico, esta incertidumbre es complicada; en el ambiente del derecho se le da una gran importancia a los conceptos de seguridad jurídica y certeza, sobre todo cuando hablamos del ámbito económico. Teniendo en cuenta lo anterior, creo que existen dos temas, al menos, en que la certeza juega un rol preponderante, en el ámbito tributario y en el ámbito de la política monetaria.
Respecto del ámbito tributario, es importante que las personas tengan certezas de los principios que limitarán el poder tributario de un Estado, está claro que el principio básico es que todos debemos concurrir al financiamiento de la labor estatal, pero deben existir reglas claras.
El año 2019, la OECD publicó un informe sobre certeza tributaria (tax certainty), el cual comenzaba con las siguientes palabras: “La certeza tributaria es un componente importante de las decisiones de inversión y consecuencialmente puede impactar significativamente en el crecimiento económico”.
La estructura constitucional tributaria no establece impuestos, sino los límites a la potestad tributaria, es decir, establece los límites a la facultad de gravar actos o conductas de los particulares y, por lo tanto, son una garantía para los contribuyentes, por ende, no es tarea de los constituyentes discutir sobré qué impuestos deben imponerse a la ciudadanía.
Es por esto que tener reglas tributarias claras nos dan la seguridad jurídica necesaria para generar un ambiente propicio para el emprendimiento y la inversión.
En la actual Constitución se establece una serie de principios que deben regir la imposición de tributos, dentro de los cuales podemos señalar el principio de legalidad, de igualdad tributaria y el de justicia tributaria, considerados como mínimos para una estructura tributaria clara. Es importante que estos no queden al arbitrio del gobierno de turno, por lo que el estatus constitucional de ellos es relevante.
Por otro lado, el otro elemento vital para la certeza y seguridad económica tiene que ver con las reglas de política monetaria, y esto se da en gran medida con un Banco Central autónomo como el que tenemos hoy. Existen diversos motivos por los cuales se ha señalado la conveniencia de que los bancos centrales sean autónomos, algunos argumentos son que estos no deben verse afectados por los problemas políticos del día a día; también se ha sostenido que existe una relación directa entre autonomía del Banco Central y el control de la inflación, esto es una consecuencia de lo anterior. El Banco Central debe tomar sus decisiones de política monetaria en base a criterios técnicos y no en base a criterios de política contingente.
¿Por qué debemos defender la autonomía del Banco Central? Los estudios centrados en su independencia han concluido que los países con bancos centrales más independientes, como en Chile, tienen tasas de inflación más bajas que aquellos con entidades menos independientes. Así un artículo de 1993, escrito por Alberto Alesina y el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Lawrence Summers, concluyó que los bancos centrales independientes son mejores para controlar la inflación que los que están bajo control político, ya que los primeros se encuentran protegidos de las presiones de la política diaria y, por lo tanto, pueden tener una visión más amplia y tomar decisiones impopulares para llegar allí.
Es posible que los objetivos del Banco Central (que se centran en alcanzar la prosperidad económica a mediano y largo plazo), puedan diferir sustancialmente de las presiones que, comprensiblemente a corto plazo, enfrentan los funcionarios electos, es por esto que al otorgar al Banco Central la independencia necesaria para determinar sus decisiones o recomendaciones de la forma como lo considere necesario, a corto y mediano plazo, reduce la posibilidad de que las presiones políticas o partidistas lo desvíen de sus objetivos de política monetaria obligatorios.
¿Cuáles son los riesgos de un Banco Central sin autonomía? El gran riesgo es que la política contingente, es decir, los intereses de quien ejerce el Poder Ejecutivo, sean más relevantes que las determinantes técnicas al tomar decisiones en el mediano o largo plazo.
Matías Pascuali
Investigador del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa
Universidad del Desarrollo
