Columna de opinión de la Dra. Camila Boettiger, Directora Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho, Publicada el lunes 10 de febrero en La segunda.

“La reforma al sistema de aguas requerirá un gran acuerdo político, técnico, jurídico y social, más que una discusión y enfrentamiento de modelos”.

Son visibles los efectos económicos, ecológicos y sociales que sufre nuestro país por la mayor sequía registrada, con más de diez años; y si ya no hay agua suficiente, su proyección a mantenerse implica además la alta probabilidad de no disponer de agua para los diferentes usos en el largo plazo. La alteración del ciclo hidrológico por el cambio climático y la presión sobre nuestros sistemas hídricos por el uso intensivo de los caudales disponibles presentan un panorama poco alentador sobre un recurso natural supuestamente renovable, escaso, y que debería tener prioridad nacional.

Esta situación no es una novedad, sino la constatación de un cambio de escenario que se viene estudiando hace mucho tiempo, y ante el cual ni la autoridad ni los usuarios pueden quedar indiferentes. Pero pareciera que se está esperando que el racionamiento sea inevitable para tomar medidas que solo pueden ser transitorias y no atacan el problema de fondo: la gestión de nuestros recursos hídricos en el escenario actual del cambio climático.

Lo que se requiere, con sentido de urgencia, más que seguir discutiendo razones y buscando culpables, es adaptar nuestro sistema a esta realidad. Adaptación de la institucionalidad pública a cargo del recurso, que requiere contar con la jerarquía, especialidad técnica, recursos y facultades para hacer frente a los cambios que es necesario realizar. Adaptación en la gestión de los recursos hídricos, integrando a los usuarios y autoridades en un plan general por cuenca. Adaptación en el ejercicio y características de los derechos de agua, asumiendo restricciones sobre un recurso que es de aprovechamiento común, y considerando los caudales realmente disponibles. Adaptación en el consumo y uso eficiente del recurso, tanto los grandes usuarios como agricultores e industria, pero también los usuarios domiciliarios y las autoridades. Adaptación para generar nuevas fuentes del recurso, a través de la reutilización de aguas, desalación y recarga de acuíferos. Adaptación de prioridades en el destino de los recursos disponibles, entre consumo humano, actividades productivas y funciones ambientales.

La reforma al sistema de aguas requiere de estudios con base empírica y técnica, y ajustar respecto de ellas tanto la función del Estado como las facultades y obligaciones de los titulares de derechos; y, también, buscar una forma de hacer una transición entre el actual modelo de gestión y lo que se necesita implementar. Para esto se requerirá un gran acuerdo, a nivel político, técnico, jurídico y también social, más que una discusión y enfrentamiento de modelos, y enfocar esfuerzos en soluciones colaborativas, de innovación en tecnología y mejoras de información. Si no, corremos el riesgo de llegar tarde y secarnos esperando.

Camila Boettiger P. Directora Centro de Derecho Regulatorio y Empresa UDD