El académico español, Javier Martín, Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba, ofreció una ponencia sobre la evolución y aplicación del cumplimiento normativo en el ámbito tributario en España. Su intervención se enfocó en la transformación que vivió España hace aproximadamente una década en relación con el compliance normativo y su impacto en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, explicando que antes de esta reforma, los procedimientos penales en el país enfrentaban dificultades, ya que solo se consideraba la responsabilidad de la persona natural y no de las jurídicas.
La modificación del Código Penal español incluyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eximiéndolas de culpabilidad si demostraban tener implementado y aplicado de manera efectiva un sistema de cumplimiento normativo. Esto llevó a la creación de la norma 19.601 de cumplimiento penal, estableciendo pautas para el compliance tributario y la justificación de su aplicación efectiva.
Martín destacó la relevancia de la norma 19.602 de compliance tributario, diseñada para abordar infracciones administrativas en el ámbito tributario. Esta norma busca establecer pautas de actuación y documentación para demostrar el cumplimiento normativo en las empresas, ofreciendo un marco claro para evitar interpretaciones erróneas de la normativa fiscal.
Además, el académico resaltó la conexión entre las modificaciones legales y la responsabilidad de los administradores en la aplicación correcta del sistema tributario. Se hizo hincapié en la importancia de los informes de Transparencia, presentados anualmente, como herramienta preventiva ante posibles sanciones y regulaciones.
El evento también abordó la expansión de estas prácticas a través de códigos de buenas prácticas tributarias no solo para grandes empresas, sino también para asociaciones, colegios y profesionales de asesoramiento tributario. Además, se anunció un futuro código de buenas prácticas para empresarios individuales (autónomos) en desarrollo para 2024.
Por su parte, el académico Matías Pascuali ofreció una ponencia acerca de la reciente Ley de Delitos Económicos y su influencia en el cumplimiento tributario en Chile. En su exposición, destacó que Chile ha seguido un camino diferente al de España en lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Considerando que hace más de 15 años, el país implementó la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, la cual, en un principio, no abarcaba los delitos tributarios. Esta laguna legal ha sido motivo de intensos debates sobre la obligatoriedad de establecer normas de cumplimiento tributario.
Sin embargo, según las palabras del investigador, todo cambió con la reciente Ley de Delitos Económicos, N° 21.595, debido a que esta nueva legislación reclasifica los delitos tributarios como delitos de segunda categoría, permitiendo que las personas jurídicas puedan ser responsables por su comisión. En este contexto, Pascuali resaltó la importancia de tener programas de cumplimiento para eximir a las empresas de responsabilidad y hacer responsable a la persona natural que comete el ilícito.
La ley define una serie de delitos económicos, estableciendo sanciones y agravantes especiales, a lo que subrayó la complejidad del delito tributario, especialmente el contemplado en el artículo 97 número 4, que sanciona declaraciones maliciosamente incompletas o falsas con el propósito de inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponde.
Asimismo, el académico abordó la necesidad de estructuras específicas de compliance tributario, como programas de buenas prácticas tributarias, para enfrentar la complejidad de estos delitos. Planteó interrogantes sobre la aplicación de multas y la responsabilidad de los directores en caso de delitos tributarios, generando así un espacio para futuras discusiones.
Matías Pascuali enfatizó la importancia de establecer programas de cumplimiento tributario como parte integral de la sostenibilidad tributaria de las empresas, más allá de los programas de prevención de delitos penales generales. Estos programas se convierten en una herramienta esencial para evitar riesgos legales y contribuir a una cultura de cumplimiento en el ámbito tributario en Chile.
