Quizás llegó la hora de dejar de intentar arreglar lo que funciona. En cambio, podemos tratar de reparar y modernizar, para que podamos avanzar, de una vez por todas, hacia una comunidad más sólida, solidaria y segura.

De acuerdo con la última encuesta Cadem, el 80% de la población siente temor a la delincuencia, así es que no es exagerado decir que existe una sensación bastante generalizada de inseguridad en nuestro país. 

En palabras simples, tenemos miedo. Y lo tenemos porque es frecuente ver cómo ocurren homicidios, encerronas, narco funerales, asaltos, incendios, entre otros. Así las cosas, el miedo a perder la vida, o la de un ser querido, y el temor a sufrir daños físicos y/o síquicos, se han apoderado de nosotros. 

Si recorremos los barrios, nos encontramos con gente trabajadora, esforzada, responsable y justa, que está encerrada en sus hogares. Ante esto, vemos cómo en algunos lugares se adoptan todo tipo de medidas de seguridad, y se construyen cierres que más bien parecen fortalezas. También advertimos cómo aumentan los delitos y pareciera que nadie hace nada por poner el freno. Y mientras tanto, el cargo de Fiscal Nacional sigue vacante.

Aunque en un plano distinto, la inflación es otro factor que aumenta la sensación de inseguridad. Hace poco tiempo, los chilenos teníamos medianamente claro que, con el esfuerzo diario, en cada una de las etapas de la vida, podíamos aspirar a un futuro con mejores condiciones. Hoy sentimos pánico frente a las consecuencias de una recesión económica que, según algunos especialistas, ya ronda entre nosotros. Así es que hemos dejado de preocuparnos por el futuro (pensiones) porque estamos tratando de sobrevivir al presente (salud, educación, trabajo). 

¿Qué está haciendo la clase política para disminuir nuestros temores y darnos mayor seguridad? 

Al parecer, utilizan su tiempo y gastan sus energías en tratar de lograr acuerdos nacionales transversales, especialmente en dos materias fundamentales: seguridad y proceso constituyente. 

Bien ambiciosa su meta, qué quieren que diga. Porque digamos las cosas como son: la verdad es que nuestros políticos no son capaces ni de ponerse de acuerdo en quién será la máxima autoridad del Ministerio Público. 

Por eso, hay algo que no logro comprender. Si tenemos todo un sistema jurídico vigente, desde una Constitución hasta leyes penales, incluso una ley antiterrorista, sistema que ha servido para mantener la paz y la estabilidad económica del país, ¿por qué no se están utilizando estas herramientas adecuadamente para hacer frente a las necesidades actuales de nuestra sociedad?  

Creo que las normas deben modernizarse para adecuarse a los tiempos, por eso concuerdo con la necesidad de hacer cambios. Pero reemplazar lo que funciona no es siempre una buena idea. De hecho, tal fórmula no se condice con las reglas básicas de la economía circular, por la cual se busca dejar de desechar sin razón alguna, y comenzar a reutilizar, reusar, rediseñar, reparar, etc. Entonces, simplemente no entiendo el afán de desechar todo el sistema jurídico vigente, en vez de intentar rescatar lo que sirve y deshacernos de lo malo. 

Sé que muchas veces es más fácil eliminar todo y partir de cero, en vez de intentar reconstruir. También entiendo que puede ser más eficiente hacer las cosas a la pinta de uno, en vez de trabajar en equipo. Pero así no se fortalece una comunidad, por el contrario, simplemente se pavimenta el camino para la instalación de una dictadura. 

Quizás llegó la hora de dejar de intentar arreglar lo que funciona. En cambio, podemos tratar de reparar y modernizar, para que podamos avanzar, de una vez por todas, hacia una comunidad más sólida, solidaria y segura.

*Francisca Labbé es abogada. Centro de Derecho Regulatorio y Empresa. Universidad del Desarrollo