Un país en el que cada 18 de octubre debemos bajar el telón a medio día para poder desplazarnos a nuestros hogares sin inconvenientes, y que ni siquiera lo cuestionamos, no es “la casa de todos”.
En 2019 empezamos a recorrer un camino en busca de un país mejor, más justo y más solidario. Nuestras necesidades ya no eran techo, comida y abrigo. Habíamos dado el salto y queríamos mejores pensiones, educación y salud. En esa época, lo que parecía noble parecía también alcanzable. La mayoría de los chilenos aceptaban ser pacientes, convencidos en que la postergación de la gratificación produce mayor satisfacción. Pero la lectura política fue otra. Asumiendo que queríamos las cosas de forma inmediata, nos convencimos de que la única salida era una nueva Constitución. Buscábamos “la casa de todos”.
Ya sabemos cómo terminó esa historia; pero no tenemos claridad de cómo seguirá adelante. Por eso, parece oportuno retomar la conversación y comenzar a levantar algunos puntos relevantes. Aunque los temas son muchos, solo nos referiremos aquí a la forma de satisfacer necesidades múltiples, tanto comunes como individuales, con recursos escasos.
En este sentido, hace tres años teníamos un sistema económico bastante sólido, con bases constitucionales claras y definidas (igualdad ante las cargas públicas, libertad económica, no arbitrariedad, derecho de acceso a la propiedad, derecho de propiedad y de propiedad intelectual e industrial, gasto fiscal controlado por el Ejecutivo, y autonomía del Banco Central).
No es ningún secreto que estos principios permitieron al país avanzar. Por esta razón, el 4 de septiembre no estuvimos dispuestos a dar un giro en 180 grados. Sin embargo, tareas pendientes hay muchas, y el sistema debe pulirse y mejorarse.
Así, en un nuevo proyecto de Constitución será importante mantener las bases indicadas, porque éstas son las que ponen límites al poder, recordándole siempre que la autoridad está al servicio de las personas, y no al revés. Lo anterior no quiere decir que no deban revisarse estos principios, puesto que también pueden ser modernizados. Pero sin olvidar que la libertad es el filtro, la prueba de la blancura, que cualquier propuesta debe pasar.
En consecuencia, necesitamos un Estado más eficiente, que sea capaz de sacar el mayor provecho posible a las cosas. Sin embargo, un Estado eficiente es muy distinto a un Estado más grande (con más atribuciones) o más fuerte (con más poder). Un Estado con tales características está lejos de la idea de Estado Social de Derecho, la que parece haberse instalado en el inconsciente colectivo como el camino a seguir.
En simple, el concepto de Estado Social de Derecho pretende que el Estado tenga un rol más activo en materia de igualdad social, de creación de oportunidades y de acceso a bienes esenciales, en especial para aquellos en situación de vulnerabilidad, a través de una redistribución justa de lo producido por la sociedad en general. Esto es, justamente, mayor eficiencia.
Para lograr un Estado eficiente, se ha sugerido incorporar a nivel constitucional la obligación de que cada proyecto de ley vaya acompañado de una evaluación de impacto económico y social. En la misma línea, es necesario buscar formas de terminar con la burocracia producida por la falta de competencias técnicas de las autoridades y/o funcionarios llamados a tomar decisiones.
Finalmente, es fundamental dar mayor certidumbre a los inversionistas, así como seguridad a los habitantes de la Nación. Un país en el que cada 18 de octubre debemos bajar el telón a medio día para poder desplazarnos a nuestros hogares sin inconvenientes, y que ni siquiera lo cuestionamos, no es “la casa de todos”.
