Análisis Jurídico publicado el pasado 30 de mayo por Julio Alvear, Director de Investigación y Profesor colaborador del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, en El Mercurio Legal.
Los artículos 4 y 101 de la propuesta de Constitución de la Convención hablan de “Estado plurinacional”. No es este un término descriptivo, sino imaginativo, de raíz ideológica, cercano a la ficción. A diferencia del antiguo Imperio Austro-Húngaro, con el que no nos podríamos comparar, Chile es una nación, no un conjunto de naciones.
Superficialmente diríase que “Estado plurinacional” es un Estado constituido por diversas naciones. Sería, por ejemplo, el caso de Bolivia, según reza el artículo 1 de su actual Constitución.
Pero de la sola lectura de dicha Constitución nadie sabe a ciencia cierta qué significa, en realidad, la “plurinacionalidad”. Es cierto que Bolivia, en sus dos siglos de vida republicana, parece haber devenido en un Estado fallido, entre otros aspectos, porque no ha podido conjugar del todo sus diversos elementos culturales. O el mundo andino o el mundo republicano. Solo en la época de los reinos hispánicos (la mal llamada “Colonia”) es que se pudo integrar a los distintos pueblos indígenas, conformándose en la región una unidad política de sentido sin merma de la diversidad. El tema da para largo y no lo podemos tratar aquí. Lo que sí parece claro es que es disparatado hablar de Bolivia como un sujeto político estatal compuesto de 36 o 37 naciones (“plurinacional”). A lo más es una nación que ha venido integrando, con mayor o menor éxito, a los descendientes de las distintas etnias y que debiera alejarse de las falsas soluciones políticas para lograr una sustancial mejoría.
De cualquier manera, el “Estado plurinacional” resulta tan confuso y suena tan falso que la propia Constitución boliviana se ve forzada a utilizar otras variables de identificación, como “lengua”, “pueblo”, “comunidad”, “autonomía” y “entidad territorial”, entre otras. Aunque, dígase de paso, también estos últimos conceptos resultan en extremo imprecisos.
Lo que sí es patente es la factura ideológica de este tipo de nomenclaturas. Leídas desde enfoques ideológicos no se vuelven más claros los términos, pero sí sus objetivos políticos. En el caso de Bolivia, ellos han sido explicitados por Álvaro García Linera, durante 13 años “vicepresidente del Estado plurinacional”. Hay que leer sus textos para conocer los significados estratégicos de la “plurinacionalidad”, bomba de reloj para demoler tanto la institucionalidad del Estado como lo que llaman el modelo económico capitalista. Del doctrinario de Evo Morales son útiles varias obras, como “Comunidad, socialismo y Estado plurinacional” o “Las tensiones creativas de la Revolución”.
Para el caso de Chile, uno de los referentes ha sido el portugués Boaventura de Souza, quien junto a Enrique Dussel es el teorizador de esa insensatez denominada “epistemologías del sur” o “descolonización cultural”. De Souza fue invitado a la Convención chilena, donde pudo instruir a los convencionales acerca del significado estratégico del término “plurinacional”, entre otros (Sesión del 11 de noviembre de 2021, Comisión de Principios Constitucionales).
Para De Souza hay que acabar con “el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado”, con lo que engloba a toda la sociedad del presente y del pasado surgida de la civilización occidental (“eurocéntrica”). “La idea de plurinacionalidad”, sostiene, es “una idea matriz para fundamentar otra forma de Estado, de territorialidad, otras formas plurales de economía política”. Agrega que “la idea de plurinacionalidad es totalmente contraria al neoliberalismo (…), puede haber economía capitalista, eso no está en causa en esta transición. El problema es que la economía capitalista sea la sola protegida por el Estado. Porque hay economía indígena, popular, urbana, rural, campesina, feminista, otras formas de cooperativa, etc.”. O sea, la idea de plurinacionalidad conlleva “la economía política de los territorios”. Cada territorio puede adoptar el sistema / modelo económico que decida, máxime tratándose de los territorios de los llamados “pueblos originarios”, que le deberán ser restituidos.
Más allá de lo incongruente que resultan estas propuestas para una noción mínimamente razonable de la economía, la pregunta más grave es otra y tiene que ver precisamente con la economía política. La dejo lanzada al aire: ¿qué diferencia existe entre estas propuestas y la balcanización económica de Chile?
