Columna de Opinión publicada el Martes 08 de marzo por Francisca Labbé, Profesora Investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, en El Líbero.
En los últimos años, el sistema económico -o el modelo- ha sido la fea de la fiesta, esa con quien nadie quiere bailar. Es, también, la causa y el culpable de todos nuestros males.
Si tuviera forma física, probablemente el modelo estaría preso. Quizás por eso la Convención no le ha dado la importancia que tiene una adecuada incorporación de los principios de un modelo en la Constitución. Y la verdad, es que este punto es fundamental, puesto que la economía es uno de los pilares de la sociedad. Y no es cualquier pilar; es el que permite a las personas saber cuáles son las reglas que debe respetar para hacer una adecuada administración de sus ingresos y gastos, con el fin de satisfacer sus necesidades; y el que obliga al Estado a regular y promover el desarrollo del país.
Pareciera que se nos ha olvidado la diferencia entre sistema económico y modelo de desarrollo. El primero corresponde a los límites dentro de los cuales tanto los ciudadanos como el Estado podemos movernos en materia económica. En cambio, el modelo de desarrollo es la forma de implementación del sistema. Es por ello que en el mundo coexisten dos polos (sistemas): el centralmente planificado y el liberal. Pero todos los países transitamos por distintos modelos de desarrollo, los cuales deben adaptarse a los desafíos de cada tiempo.
De esta manera, no es menor que el Informe presentado por la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, haya sido rechazado por el pleno de la Convención casi en un 100%. Tampoco es irrelevante que el sábado recién pasado la misma Comisión haya aprobado la nacionalización de la industria minera. Asimismo, nada realmente serio hemos escuchado sobre libertad y no discriminación en materia económica. Como si fuera poco, ya sabemos que el derecho de propiedad ha quedado reducido a su mínima expresión. Y para qué hablar de reglas básicas en materia de expropiación, como si no fuera una responsabilidad de todos hacernos cargos de las necesidades sociales y solo fuera deber del expropiado.
Que no quepa duda alguna que lo que está ocurriendo en materia económica es grave. Entregar derechos a los animales y a la naturaleza, limitar profundamente la libertad económica, y no dejar claramente establecidos los límites del Estado en esta materia, no es más que un boomerang que se volverá contra los ciudadanos en el momento menos pensado.
Proteger, conservar y restaurar la naturaleza es esencial para la sobrevivencia en el planeta. Pero, ¿a qué costo? Al menos yo, no estoy disponible para transformarme en un esclavo al servicio de un Estado que privilegie todo por sobre la especie humana.
Lo que Chile necesita hoy es avanzar hacia un modelo de desarrollo económico que sea inclusivo con un Estado que regule su implementación para lograr diversificación, equilibrio, disminución de la desigualdad de oportunidades y mayor inclusión social. La nueva Constitución debería apuntar en esta línea. Sin embargo, el eco-centrismo parece haberse tomado la palestra y se ve difícil que quiera dejarla, lo que nos hace dudar de la capacidad de la Convención de entregarnos una propuesta de Constitución que busque corregir el modelo y sus deficiencias, con miras hacia una mejor calidad de vida de las personas.
Francisca Labbe- Profesora Investigadora, Centro de Derecho Regulatorio y Empresa, Facultad de Derecho UDD
