Columna de Opinión publicada el viernes 25 de febrero por Camila Boettiger, Profesora Investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, en La Tercera.
Pareciera que algunos convencionales vivieran en un mundo paralelo, donde las ideas, el voluntarismo y las palabras pueden crear realidades nuevas sin consecuencias de ningún tipo en éste, nuestro mundo real. Solo entonces sería posible pensar que la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, en cuanto a caducar los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados bajo el Código de Aguas de 1981, es seria.
En enero, después de más de 10 años de tramitación, se aprobó en el Congreso Nacional una reforma a dicho Código de tal magnitud que implica una regulación completamente nueva a los derechos de agua, lo que incluye varias de las características que se le criticaban, como la caducidad, temporalidad de las concesiones y facultades de la autoridad para restringir el ejercicio de los derechos en caso de escasez o efectos ambientales.
Pero ese gran acuerdo de nuestros legisladores en ejercicio ha sido totalmente obviado por la Comisión, con una propuesta que solo puede calificarse como irresponsable con los habitantes de Chile. ¿Se habrán planteado los integrantes de esta comisión cuántos pequeños, medianos y grandes agricultores o ganaderos dejarán de producir alimentos? ¿Cómo funcionará el suministro de agua potable, sea a través de empresas sanitarias, municipales, o de agua potable rural? Las mismas empresas mineras, que pretenden nacionalizar, deberán paralizar sus faenas, así como también las industrias que requieren agua para sus procesos. ¿Tienen alguna estimación, aunque sea aproximada, de la cantidad de derechos que pretenden eliminar solo porque fueron otorgados bajo un régimen que no les gusta, y que acabamos de enmendar? ¿Han calculado cuánto le costará al país, indemnizando o no a sus titulares, en recursos, tiempo y pérdida de actividades e infraestructura operativizar dicha caducidad?
Una propuesta como esa da cuenta de una labor deficiente, desde un punto de vista técnico, económico y jurídico, pero también denota una falta de responsabilidad social. Todos los códigos y regulaciones sobre las aguas en nuestra historia han reconocido y respetado los derechos otorgados bajo regímenes legales anteriores, contemplando normas de ajuste en su ejercicio y registro, como lo hace la nueva reforma al Código de Aguas. Conviene no olvidar que la tarea de los convencionales en esta materia es proponer una normativa fundamental para que el país pueda avanzar a un desarrollo sustentable, protegiendo nuestras fuentes de agua. La inviabilidad, costos y efectos de algo así para un país, solo da cuenta de su desconexión con la realidad.
