Columna de Opinión publicada el 9 de febrero por Francisca Labbé, Profesora Investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho UDD, en El Líbero.
La discusión de los temas de fondo de la nueva Constitución ha entrado en tierra derecha, al tiempo que se hace cada vez más compleja.
Por un lado, sabemos que existe consenso tanto en el interés como en la necesidad en avanzar hacia una sociedad más moderna, en donde el individuo se reconozca como parte de la comunidad a la que pertenece. Sin embargo, a pesar de que la Convención nace con esta intención, hasta el momento pareciera que los convencionales están remando en otra dirección.
En materia económica, el rumbo contrario se ve reflejado en diversas decisiones que ha tomado la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Entre tales decisiones cabe destacar la de revisar todos los tratados de libre comercio y la de denunciar el CIADI.
A simple vista, ambas ideas suenan geniales y coherentes. Es imposible negar el buen marketing que acarrean: si vamos a cambiar la principal norma de nuestro ordenamiento jurídico, entonces es evidente que todo el sistema debe adecuarse a ella.
No obstante, los ciudadanos elegimos una Convención con límites, porque ellos nos daban garantía de que no estábamos creando un poder absoluto y superior a nosotros mismos, que pudiera pisotearnos en nombre de fuerzas y/o ideales de algunos cuantos, o simplemente borrarnos del mapa.
Los tratados internacionales son parte de estos límites, y es importante que así lo reconozcamos puesto que tanto los tratados de libre comercio como el del CIADI representan una forma de vida, es decir, una manera de vivir en una comunidad más global, reconociendo el aporte que otros países pueden hacer a nuestro bienestar social, por una parte, y la soberanía de cada Estado respecto de su territorio y sus habitantes, por la otra.
Además, y contrario a lo que algunos quieren que creamos, estos tratados son importantes para todos nosotros y no solo para algunos, puesto que van en nuestro beneficio, y han permitido mejorar la calidad de vida de muchos de los habitantes de Chile. Así, es a través de estos mecanismos que podemos acceder a mejores productos y servicios, entre ellos, aquellos que hoy consideramos esenciales, por ejemplo, el teléfono celular y sus apps; y los vinculados a mundos básicos y sensibles, como la salud, la conectividad, la educación, etc.
Revisar los tratados y denunciar el CIADI no solo es una iniciativa que escapa del poder de la Convención. También son ideas que van directamente en contra de las ambiciones de la gran mayoría de los que vivimos en nuestro país. Aunque nos las vendan como algo inocuo, la verdad es que afectarían la vida como nos gusta vivirla.
Así, es de esperar que los constituyentes entren en razón, y no terminen proponiéndonos una Constitución que no sea más que un lobo en piel de cordero, por lo que, a pesar de parecer inofensiva, se nos volverá en contra en cuanto se le presente la posibilidad.
