Columna de Opinión publicada este 7 de octubre por Francisca Labbé, profesora investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho UDD, en el medio de comunicación El Líbero.
Imaginemos por un segundo un mundo en que las personas estamos al servicio del Estado, en el que no hay libertad de trabajo y la sindicación es obligatoria, y además el Estado puede expropiar bienes de los particulares, sin pagar su valor comercial de manera previa y al contado. Para imaginar adecuadamente, primero necesitamos saber qué implicancias tienen cada una de estas garantías constitucionalmente reconocidas.
Ante todo, que el Estado esté al servicio de las personas significa que aquel debe respetar a cada uno de los seres humanos, y que no tiene excusa para pasar a llevar nuestros derechos. Además, el Estado está obligado a promover las mejores vías para el bienestar de las personas, y no puede trabajar en su propio beneficio; por el contrario, solo puede movilizar el bien común.
Por su parte, la libertad de trabajo implica que a nadie se le puede imponer un trabajo o un trabajador, que no se puede discriminar arbitrariamente, y que todos tenemos derecho a una remuneración justa por lo que hacemos. Adicionalmente, libertad de sindicación es un derecho fundamental de los trabajadores, que consiste en el derecho de constituir las organizaciones que se estimen convenientes, y también el derecho de elegir libremente afiliarse a estas si se estima pertinente.
Finalmente, el estatuto de propiedad actualmente vigente incorpora el derecho del Estado a expropiar en razón de la función social de la propiedad, y la garantía de que la toma del bien se hará previo pago de indemnización, la que debe corresponder al valor comercial y hacerse al contado.
Entonces, en un mundo sin estos derechos, debidamente garantizados por la Constitución, simplemente todos estamos a merced del Estado, a disposición de la autoridad de turno. Es decir, un día cualquiera, el Estado puede llamarnos a nosotros, sus servidores, para que hagamos el trabajo que estime adecuado a sus intereses, pagándonos poco o nada, obligándonos a pertenecer a sindicatos independientemente de los beneficios que ello pueda acarrear, y quitarnos nuestros bienes sin mediar el pago que corresponde. En definitiva, si ocurre todo esto, habremos sido esclavizados.
Lo que hace unos años parecía una película de terror, hoy es una realidad cercana. Tanto la discusión constituyente como la legislativa debiesen tener como fin el bien común y no el bienestar del Estado. Sin embargo, aunque la Convención Constitucional se encuentra redactando una nueva Constitución para el mayor beneficio de todos los chilenos, hasta la fecha sabemos que decidió ni siquiera discutir los temas aquí expuestos. Esto debería preocuparnos a todos, ya que cada una de estos derechos y libertades representa una victoria histórica, una reivindicación de la humanidad. Evitar su debate es retroceder varias décadas, desprestigiando la democracia. Dicho de otra manera, negacionismo puro y simple.
