Dra. Camila Boettiger, Directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa, y Profesora Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad del Desarrollo, opina como experta respecto a el costo extra en la obra del Puente Chacao, en el Diario Publimetro.

Mientras la empresa acusa que el Estado debe pagar por los cambios aprobados a la obra en 2018, el Gobierno insiste en defenderse con el tipo de contrato suscrito para no acceder a entregar los recursos.

No fue una tarjeta de saludo por la Navidad. El miércoles el Consorcio Puente Chacao (CPC), controlado por la empresa Hyundai, subió el tono de las críticas contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP), escalando el conflicto por la construcción del viaducto que busca unir a Chiloé con el continente.

La firma surcoreana acusó que «el Estado de Chile actualmente no ofrece las garantías jurídicas y comerciales necesarias” para seguir con el proyecto. Pero ayer, hubo nueva réplica desde el ministerio, acusando que «esa manera de proceder que incluye graves descalificaciones al Estado de Chile no es la conducta que cabe esperar de contratistas de obras públicas y no contribuye a encontrar una solución».

Pero ¿cuál sería el origen del conflicto? Justo hace un año el MOP aprobó un nuevo diseño para megaobra, ocasión en la que la empresa pidió extender el plazo para finalizar la construcción y recursos extras, pero el Gobierno accedió solo a lo primero, estirando las obras en 31 meses hasta 2023.

Un año después Hyundai arremete con la misma petición, considerando que el Estado “no cumplió con su compromiso de formalizar contractualmente los cambios al proyecto y compensar los mayores costos asociados a los cambios ordenados”.

La clave de la defensa del MOP es el contrato denominado “suma alzada” o “llave en mano”, que consiste en que “se comprete al constructor a entregar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas y bases de licitación”, y a un determinado precio que se fija en el mismo documento, explica Camila Boettiger, directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la U. del Desarrollo.

Este tipo de acuerdo además establece que los riesgos y mayores costos asociados al proyecto son de cargo de la empresa que construye, en este caso Hyundai, y que otras obras no asociadas al proyecto son de cargo del Estado. Y es ahí donde está la controversia.

De esta manera, la académica indica que el conflicto se da en “si el desacuerdo es que la concesionaria interpreta que la aprobación del diseño (en 2018) implicaba el pago del costo extra, mientras que el MOP considera que está dentro del contrato a suma alzada”.

CÓMO SOLUCIONAR LA CONTROVERSIA

Lo que ha llamado la atención del conflicto es la estrategia comunicacional que ha asumido la firma surcoreana frente a la controversia con el MOP.

Al respecto, Boettiger señala que ante las diferencias entre las partes «el mismo contrato debe establecer mecanismo de resolución de conflicto”, pudiendo llegar a tribunales.

En tanto, en la edición de ayer de Publimetro, el exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, expresaba que era más razonable y rápido recurrir a alternativas como arbitrajes o paneles técnicos, “pero requieren aceptación de ambas partes”. Pero además, resalta que «me llamó la atención que Gobierno actual disolvió comité asesor de canal Chacao, donde concurrían transversalmente ex autoridades, representantes de la isla, expertos y el colegio de ingenieros. Una instancia cómo ésta habría ayudado a ver alternativas”, añade.

Respecto al motivo de la diferencia, el costo, el MOP aseguró que Hyundai está exigiendo recursos extras que equivaldrían a cerca de 50% del total, en torno a US$300 millones.

En este punto, la académica de la UDD señala que “cualquier pago extra debe sujetarse al procedimiento de la Ley de Concesiones”. Modificada en 2010, dicha legislación indica en su artículo 20 bis que un pago extra no debe superar 25% del presupuesto oficial de la obra y solo cumpliendo determinados requisitos.

Por otro lado, parte del artículo 19 de la misma norma dice expresamente que “el Ministerio de Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios contratados a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las bases de licitación, o por otras razones de interés público debidamente fundadas. Como consecuencia de ello, deberá compensar económicamente al concesionario cuando corresponda, por los costos adicionales en que éste incurriere por tal concepto”.

Sin embargo, el Gobierno ha sido explícito en su posición al respecto. «No asumiremos costos más allá de los que les corresponden al Ministerio de Obras Públicas”, dijo Moreno el martes.