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En el contexto del tema central de este número de la Revista Actualidad Jurídica –“Chile, la libertad acosada”– se plantea en este artículo la eventual antinomia que pudiera existir entre las bases constitucionales de la institucionalidad económica, en particular el principio de la libertad de emprendimiento, y cierta categoría de derechos, que por tener como titulares a un colectivo anónimo e indeterminado, desprovisto de la capacidad de proveérselos por sí mismos, ha determinado la necesidad de que el Estado los garantice y satisfaga, muchas veces limitando y acosando la libertad de emprendimiento del individuo que la propia Carta Política declara como una de las bases esenciales de la institucionalidad económica consagrada en el texto constitucional. Para tales fines se aborda en este articulo, en primer lugar, el conjunto de principios reconocidos en el Código Político que constituyen las bases constitucionales de la institucionalidad económica, para luego introducir y analizar el concepto de derechos sociales cuya tutela, garantía y protección las ha pasado a tomar el Estado y que, como una categoría autónoma, ha servido de fundamento para restringir y erosionar las bases constitucionales de la institucionalidad económica y postular su eventual sustitución, para finalmente arribar a la conclusión de que la tutela, protección y satisfacción de esta categoría de derechos se alcanzan mejor y de modo más eficiente fortaleciendo las bases de la institucionalidad económica –no sustituyéndolas–, ampliando los márgenes de libertad de emprendimiento y no el tamaño del Estado.