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El presente artículo aborda los aspectos claves a ser considerados para una legislación climática efectiva y eficiente, así como el necesario cambio de paradigma en la gestión ambiental en general, y climática en particular, de forma de descentralizar la gestión del cambio climático desde el Ministerio del Medio Ambiente hacia los demás órganos de la Administración del Estado, con el involucramiento activo de todos los sectores de la sociedad. En este contexto, nuestro trabajo describe las brechas que presenta la acción climática en el ámbito institucional, funcional y estructural, y la forma en que estas podrían ser superadas a partir de una lógica regulatoria que considere la naturaleza transversal de este fenómeno. Dicha lógica debiese considerar el establecimiento de objetivos a largo plazo mediante una meta de carbono neutralidad al 2050; la creación de instrumentos específicos para la gestión del cambio climático vinculados expresamente a los compromisos internacionales que asume el país; el fortalecimiento de la institucionalidad actual mediante la incorporación de mandatos vinculantes, con plazos y responsables definidos; y, la existencia de un mandato transversal a todos los órganos de la Administración del Estado, incorporando el cambio climático como parte fundamental de los presupuestos que habilitan el ejercicio de su potestad regulatoria. Por otra parte, abordamos el involucramiento que debiesen tener los actores no estatales, particularmente en lo que se refiere al papel de los regulados en los mercados de carbono, así como a la participación ciudadana en la gobernanza e instrumentos de gestión del cambio climático. A lo largo de este trabajo se describe como el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático ha abordado estos elementos, así como las implicancias de las decisiones regulatorias adoptadas.

This paper describes the keys aspects to be considered for effective climate legislation, and the necessary paradigm shift in environmental policy, for decentralizing climate policy from the Ministry of the Environment to the rest of governmental institutions and fostering the active involvement of all sectors of society. In this context, our work portrays the institutional, functional, and structural shortcomings national climate change policy currently has and how they could be overcome by proper regulatory choices, considering the crosscutting nature of this phenomenon. Those choices should include: i) long term goals by setting a carbon neutrality target at 2050; ii) the creation of climate change regulatory instruments, which should be expressly tied to the country’s international commitments; iii) the strengthening of current institutions by setting mandatory obligations; and iv) the requirement to take climate change into account by governmental agencies across the board, when they carry out their statutory functions. In addition, the paper focuses on the involvement of non-state stakeholders, especially regarding to carbon markets, as well as public participation contribution to climate change governance and regulatory instruments. Throughout this work, it is described how the Climate Change Bill has addressed these elements, as well as the implications of its regulatory decisions.