Las académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Isabel Wigg e Isabel Warnier, publicaron una columna de opinión en El Mercurio Legal en la que examinan la procedencia de acciones indemnizatorias frente a denuncias temerarias o sin sustento fáctico, consideradas como abuso del derecho. En su análisis, las profesoras advierten que una denuncia injustificada puede generar efectos irreparables en la vida de una persona, especialmente en un contexto social de alta exposición pública donde “el juicio social suele anteceder al judicial”.
La discusión jurídica que plantean se centra en determinar si, ante una acusación falsa, es posible perseguir responsabilidad civil extracontractual y obtener una reparación por los perjuicios ocasionados. Este debate se vuelve particularmente relevante debido al creciente número de casos en que la difusión de imputaciones no verificadas deteriora reputaciones, carreras y vínculos personales sin que exista posteriormente una sanción efectiva.
Las profesoras Wigg y Warnier explican que el derecho a denunciar ilícitos es un pilar del sistema de justicia, pero su ejercicio no es absoluto. Cuando la denuncia se formula con dolo, negligencia grave o la intención de dañar, “deja de configurarse como un ejercicio legítimo de un derecho para transformarse en un abuso del derecho”, dando lugar a responsabilidad civil. En esos casos, el daño moral aparece como la consecuencia más evidente, desde la humillación pública hasta el menoscabo de la honra.
Sin embargo, la normativa vigente presenta un obstáculo central: el artículo 2331 del Código Civil, que limita la indemnización del daño moral en imputaciones contra la honra si no se acredita un perjuicio económico. Las autoras señalan que el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente la inaplicabilidad de esta norma, considerando que vulnera garantías fundamentales como el derecho a la honra, la igualdad ante la ley y la esencia de los derechos protegidos por la Constitución.
Pese a los avances jurisprudenciales, las profesoras subrayan que los tribunales enfrentan un desafío permanente: armonizar la protección del derecho de toda persona a acceder a la justicia y denunciar ilícitos, con la necesidad de resguardar a quienes son acusados injustamente. El derecho, afirman, no puede convertirse en un instrumento para causar un daño ilegítimo.
La columna concluye con un llamado a fortalecer la cultura jurídica de la responsabilidad, dado que —como recordaba el profesor Rosende Subiabre en sus clases— la libertad y la responsabilidad son inseparables. +
La reflexión completa puede revisarse en El Mercurio Legal.
