La investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo, Isabel Warnier Readi, analizó en una columna publicada en El Mercurio Legal la reciente controversia en torno a la participación de autoridades judiciales y académicas en un seminario organizado por la Facultad de Derecho UDD.
La discusión se originó tras la solicitud de la Asociación de Magistradas Chilenas (Machi) para censurar la participación del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue Limare, en un seminario académico sobre falsas denuncias, donde también expusieron el periodista Javier Rebolledo, la profesora de Derecho Civil Isabel Wigg y la propia Warnier. La petición, dirigida al presidente de la Corte Suprema, generó preocupación en el mundo académico y jurídico por su eventual impacto en la libertad de expresión y la autonomía universitaria.
En su columna, la profesora Warnier argumenta que la universidad “es, por definición, un espacio para la confrontación de ideas, incluso aquellas que resultan incómodas o controvertidas”, subrayando que la libertad académica no constituye un privilegio sino “una condición esencial para el avance constante y necesario del conocimiento”.
La investigadora también profundiza en las consecuencias reales de las denuncias infundadas, recordando que “con frecuencia la sola interposición de la denuncia genera un trato procesal anticipatorio que presume la culpabilidad del denunciado en vez de su inocencia”, lo que puede derivar en medidas tan graves como separaciones injustificadas entre padres e hijos. “El horror que viven los padres y madres separados injustamente de sus hijos por acusaciones infundadas es una tragedia silenciosa que el sistema de justicia no puede ignorar”, señala.
Finalmente, plantea un cuestionamiento sobre la imparcialidad judicial: si una asociación gremial adopta una postura pública que niega la existencia de falsas denuncias, ¿cómo se garantiza la objetividad en causas de esta naturaleza? Para ella, esto hace “ineludible” analizar eventuales inhabilidades para resguardar el derecho a un juicio justo.
La columna completa de Isabel Warnier se encuentra disponible en El Mercurio Legal.
