La académica e investigadora del Centro de Justicia Constitucional UDD, Catalina Salem, fue consultada por el diario El Mercurio sobre la reciente iniciativa del Senado que habilitó una plataforma de participación ciudadana en el proceso de nombramiento de ministros de la Corte Suprema. En la nota titulada “Idea ‘positiva’, con ‘implementación lamentable’ y no vinculante: consulta ciudadana en nombramientos abre dudas”, se abordan los alcances y limitaciones del mecanismo, que permite enviar observaciones sobre los candidatos propuestos, aunque sin validar la identidad de los participantes ni tener efectos vinculantes en la decisión final.
Consultada sobre esta medida, Catalina Salem recordó que “la Constitución es muy clara en señalar que los únicos órganos responsables por la designación de los ministros de la Corte Suprema son el Presidente de la República y el Senado, por lo tanto, solo ellos son los llamados a ponderar y decidir sobre los antecedentes de los candidatos”.
Agregó, además, que “esta iniciativa puede ser valiosa para recabar antecedentes para que los senadores puedan discernir mejor sobre los perfiles de los candidatos. Pero esos antecedentes no los obligan de ninguna forma ni existe mecanismo para que la ciudadanía pueda ponderar cómo cada senador los sopesó”.
Finalmente, destacó que “el único proceso que realmente permite cumplir los estándares de publicidad y transparencia es cómo cada senador fundamentará su voto”, lo que —según explicó— permite a la ciudadanía evaluar la idoneidad y capacidad técnica de los postulantes.
