Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo y ex presidenta del Tribunal Constitucional, fue consultada por El Mercurio respecto al creciente uso de decretos por parte de los gobiernos en comparación con los proyectos de ley enviados al Congreso. El análisis surge luego de conocerse que, por cada iniciativa legal presentada por un Presidente de la República, se firman en promedio 10 decretos.
Según datos recopilados por la Biblioteca del Congreso Nacional, la tendencia se repite tanto en el actual gobierno de Gabriel Boric como en las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, abarcando materias que van desde nombramientos hasta reglamentos de ejecución de normas aprobadas.
En este contexto, y tras las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast sobre la relevancia del Parlamento, la académica de Derecho UDD descartó que el Congreso haya perdido peso frente a la potestad reglamentaria presidencial. A su juicio, “no comparto la tesis de la pérdida de relevancia del Congreso Nacional frente al ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República. El debate parlamentario asegura y cristaliza la adecuada deliberación democrática sobre temas relevantes para la ciudadanía. La potestad reglamentaria presidencial es reflejo de una voluntad unipersonal que no puede sustituir ese debate”.
Peña advirtió que el verdadero problema se encuentra en la sobrerregulación reglamentaria, que en ocasiones excede lo dispuesto por el legislador, lo que “anula su voluntad e impone un criterio distinto, complicando la aplicación de la ley en ámbitos como el laboral o de salud”.
La entrevista completa a continuación:
