La profesora Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional (CJC) de la Universidad del Desarrollo, publicó en La Tercera una columna de opinión titulada “Nombramientos judiciales”, donde analiza las recientes nominaciones a la Corte Suprema y reflexiona sobre los desafíos del sistema de selección de jueces en Chile.
En su escrito, la académica pone en contexto la nominación realizada por el Presidente de la República para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema, un proceso que deberá ser aprobado por el Senado. La académica advierte que este debate ocurre en un escenario marcado por cuestionamientos a la probidad y la independencia judicial, tras los casos de destitución de ministros de la Corte Suprema en 2023 y la suspensión de una jueza de garantía por un grave error en la aplicación de medidas cautelares.
La directora del CJC también alude a la opinión de la Comisión de Venecia —solicitada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos— respecto a la reforma constitucional en trámite, que propone la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales. El organismo europeo enfatiza que los criterios de selección deben ir más allá del conocimiento jurídico, considerando aspectos como el carácter, la independencia y la capacidad de comunicación de los jueces.
En esta línea, Marisol subraya que “aun cuando la reforma sobre nombramientos de jueces sigue su tramitación legislativa entregando esta responsabilidad a un Consejo de Nombramientos Judiciales, la nominación efectuada por el Presidente de la República abre una oportunidad única para ir generando una nueva cultura en esta materia, una ‘cultura de la independencia’ evocando de nuevo a la Comisión de Venecia”.
La académica concluye que la protección eficaz de los derechos fundamentales de las personas y los grupos sociales depende de avanzar en esta línea.
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El Presidente de la República ha concretado la nominación de dos candidatos para ocupar dos de las vacantes pendientes de proveerse en la Corte Suprema. Esta propuesta debe someterse al acuerdo del Senado de conformidad con el sistema actualmente vigente.
Las nominaciones indicadas hacen propicio el momento para reflexionar acerca de los nombramientos judiciales atendidos los lamentables episodios ocurridos el año pasado que llevaron a la destitución de dos ministros de la Corte Suprema involucrados en conflictos de intereses y faltas a la probidad. A ello se une el caso de la jueza de garantía, hoy suspendida de sus funciones, y autora de un inexplicable error en la decisión de una medida cautelar que terminó en la libertad y posterior fuga del “sicario de Meiggs”.
En este sentido, debe tenerse en cuenta la opinión evacuada por la Comisión de Venecia, a requerimiento del ministro de Justicia y Derechos Humanos, respecto de la reforma constitucional que se tramita en el Congreso, sobre el gobierno judicial y la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales.
En el referido dictamen, de 16 de junio pasado, la Comisión de Venecia enfatiza la importancia de lograr la elección de “buenos jueces” basado en un sistema que privilegie el mérito de los seleccionados. Agrega que éste no puede basarse sólo en el conocimiento, las habilidades analíticas o la excelencia académica, sino que debe ponderar también el carácter, el buen juicio, la accesibilidad, las habilidades comunicativas y la eficiencia en las decisiones. Se trata de elementos que contribuirán a imprimirle la necesaria legitimidad a los nuevos jueces, al tiempo que contribuyan a la expedición de sentencias dotadas de un lenguaje claro y comprensible para toda la ciudadanía.
En el mundo no se ha logrado concordar en un sistema que asegure jueces probos, alejados de la contingencia política y libres absolutamente de sucumbir ante influencias de la más diversa naturaleza. Entre los factores que identifica la Comisión de Venecia está la existencia de un régimen presidencial o de uno parlamentario, así como la prevalencia de consideraciones políticas por sobre el mérito de los candidatos. En los regímenes presidenciales, como el nuestro, debe evitarse la influencia desmedida del Jefe del Estado en los nombramientos y, en lo que se refiere a la intervención del Senado, es necesario evitar la politización de los nombramientos en base a cuoteos u otras razones similares.
Aun cuando la reforma sobre nombramientos de jueces sigue su tramitación legislativa entregando esta responsabilidad a un Consejo de Nombramientos Judiciales, la nominación efectuada por el Presidente de la República abre una oportunidad única para ir generando una nueva cultura en esta materia, una “cultura de la independencia”, evocando de nuevo a la Comisión de Venecia. La eficaz protección de los derechos de las personas y grupos merece este esfuerzo.
Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD
