El jueves 12 de junio de 2025, el sitio web Emol publicó una nota en su sección Economía donde diversos expertos analizaron las consecuencias del reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre el proyecto minero-portuario Dominga. En dicha cobertura, Edesio Carrasco, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, aportó una mirada jurídica respecto al nuevo escenario legal, destacando el reconocimiento de autoridad del Tribunal Ambiental por sobre el Comité de Ministros.

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó la solicitud del Gobierno para invalidar la decisión del Primer Tribunal Ambiental, marca un precedente significativo en la larga historia judicial del proyecto Dominga. La resolución reafirma que el Tribunal Ambiental tiene facultades para ordenar al Comité de Ministros que ajuste sus decisiones conforme a lo ya resuelto por instancias judiciales, dejando en evidencia los límites a la discrecionalidad política en procesos administrativos ambientales.

El conflicto se originó cuando el Comité de Ministros, al revisar el proyecto Dominga, introdujo nuevos argumentos para rechazarlo, pese a una sentencia judicial previa que ordenaba otra dirección. Ante esto, el Primer Tribunal Ambiental intervino, lo que fue impugnado por el Ejecutivo ante el TC. Sin embargo, el máximo tribunal constitucional ratificó la competencia del 1TA, despejando en gran parte el camino para la iniciativa minera.

Edesio Carrasco, académico de la UDD, valoró el fallo señalando que «el Tribunal Constitucional reconoce que el Tribunal Ambiental tiene competencia para ordenarle al Comité de Ministros cómo debe resolver». Además, agregó que esta “tortuosa historia permisológica está llegando a su fin”, precisando que, salvo algunos recursos judiciales menores aún pendientes, “el proyecto hoy está aprobado y en condiciones de iniciar la tramitación de sus permisos sectoriales”.

Invitamos a leer la noticia completa publicada en Emol, donde Edesio Carrasco y otros expertos analizan el impacto de esta resolución para el futuro del proyecto Dominga y sus implicancias para la institucionalidad ambiental en Chile.