Por Natalia González, Directora Ejecutiva del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa, Facultad de Derecho UDD.
En ocasiones es la propia regulación la que produce efectos distorsionadores en los mercados, lesionando la competencia u otros bienes jurídicos tan atendibles como el que la propia regulación se había propuesto resguardar.
Los mercados que funcionan en condiciones de competencia producen una asignación eficiente de los recursos: el productor ofrece sus productos al menor costo y el consumidor accede a aquellos bienes y servicios que le reportan mayor beneficio.
Mientras más competencia exista, mayor es el incentivo de las empresas a innovar para distinguirse de la competencia y prosperar. La innovación produce incrementos en materia de productividad lo que se traduce en mayor crecimiento y desarrollo para nuestro país. Por todas estas razones, el marco regulatorio resguarda y fomenta la libre competencia, al tiempo que protege a los consumidores.
En ocasiones, no obstante, es la propia regulación la que produce efectos distorsionadores en los mercados, lesionando la competencia u otros bienes jurídicos tan atendibles como el que la propia regulación en cuestión se había propuesto resguardar. Así, en materia de libre competencia, altas cargas regulatorias o exigencias atípicas pueden terminar por generar barreras de entrada para nuevos competidores, con el consecuente perjuicio a los consumidores.
Un reciente estudio de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado de la alimentación infantil, precisamente, apuntó a los efectos que una determinada regulación estaba causando en términos de reducir la competencia en ese mercado.
Este estudio hace nuevamente visible la importancia de contar con algún sistema o institucionalidad a través del cual el Estado pueda realizar, en forma sistemática, evaluaciones ex ante y ex post de la normativa y legislación. Bajo este sistema se deberían evaluar, en forma previa a su dictación y tras su aplicación, dentro de un plazo razonable, los costos de la regulación, su impacto, eventuales alternativas menos lesivas para alcanzar los objetivos buscados (respecto de otros bienes jurídicos en juego), propender a una mayor eficiencia y eficacia regulatoria, e instar, además, por dar coherencia, oportunidad y pertinencia al cúmulo de regulaciones que empecen a un determinado mercado o actividad económica. Este tipo de evaluaciones o estudios no hace otra cosa que fortalecer nuestra institucionalidad y el funcionamiento de los mercados.
*La autora es directora Centro de Derecho Regulatorio y Empresa Universidad del Desarrollo.
