El sábado 31 de agosto de 2024, Diego Muñoz, académico de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD), fue consultado por Las Últimas Noticias para analizar la estrategia de la defensa de Luis Hermosilla, quien solicitó los 777 mil chats de WhatsApp incautados por la Fiscalía. Muñoz explicó que esta solicitud es un derecho procesal habitual para la defensa y que la Fiscalía está obligada a entregar el material no reservado. Además, destacó que esta táctica puede desviar la atención del fondo del caso. Te invitamos a leer la columna completa para conocer más detalles sobre este análisis.
Para conocer más detalles y el análisis completo de esta estrategia defensiva, te invitamos a leer la noticia completa a continuación:
La Fiscalía Oriente accedió a entregar el contenido del celular incautado al penalista imputado en el caso Audio.
«Es un derecho procesal que tengo, y yo obteniendo esa información lo voy a hacer público». Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla, dijo a los cuatro vientos que necesitaba que la Fiscalía Oriente le entregase el contenido del teléfono celular iPhone Pro Max incautado en noviembre del año pasado al penalista, investigado por los eventuales delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios en el marco del denominado caso Audio.
Son 777 mil páginas de WhatsApp, no solo con chats de conversaciones, también fotografías, videos y audios como el que ya es de público conocimiento y reveló la trama presuntos pagos de coimas a funcionarios públicos expuestos en una plática entre el propio Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer. Todo el material estará en manos de Juan Pablo Hermosilla desde el miércoles 4 de septiembre en un disco duro portátil. ¿Qué pretende la defensa de Hermosilla con la petición y anuncio de liberación de estos chats? Expertos en derecho penal explican.
Privado y público
Gustavo Balmaceda, doctor en Derecho Penal, introduce: «Nos enfrentamos al clásico dilema entre el derecho a la privacidad y el interés público en la investigación de delitos graves. ¿Dónde trazamos la línea? Es una pregunta que nuestros tribunales tendrán que abordar con suma delicadeza. El principio de igualdad de armas se respeta al entregar los mensajes a todas las partes, incluida la defensa. Es un movimiento inteligente que fortalece la equidad procesal. Sin embargo, el secreto profesional plantea un desafío significativo. Hermosilla es abogado, lo que implica que parte de esas comunicaciones podrían estar protegidas. ¿Cómo se manejará esto? Es un terreno jurídicamente pantanoso».
¿Riesgoso?
Sergio Peña, doctor en derecho de la Universidad Mayor, agrega: «Tengo la noción razonable de que la estrategia corresponde a las atribuciones que tiene la defensa, ahora, que eso guste o no a la opinión pública es otro tema. Hoy le tocó pedir las copias al abogado Hermosilla, pero mañana podrá hacerlo cualquier ciudadano en sus causas, que no tengan la connotación pública del señor Hermosilla. Ante la ley todos tenemos el derecho de tener garantías básicas de tener conocimiento de las pruebas, que se le entrega a su abogado. ¿Es un riesgo que lo comparta con su hermano en prisión preventiva? Bueno, lo es, pero está en su derecho. En los regímenes dictatoriales no se entregan las pruebas a las contrapartes, si en una estado de derecho, una democracia. Pensemos que cualquier persona puede ser imputado y requiere defensa».
Estratégico
Diego Muñoz, académico de Derecho Penal de la UDD, explica: «Es una solicitud bastante normal y un derecho para la defensa de solicitar la copia de la carpeta de investigación de todo aquello que no esté bajo secreto o reserva declarada previamente por la Fiscalía. En este caso, entiendo que no existe secreto, por tanto, era obligación de la Fiscalía de entregar copias de la carpeta de investigación, que en este caso es una evidencia contenida en algún material digital, en un disco duro. Esa estrategia se pudiera interpretar como alejarse quizá del fondo del asunto discutido. Las defensas normalmente plantean cosas que no están directamente relacionados con el fondo, más que una amenaza o presión a la Fiscalía».
Abogado Muñoz, la defensa también planteó que la Fiscalía estaba eligiendo con pinzas los argumentos que le dan la razón para sostener una acusación. Por eso están pidiendo los chats para publicarlos en su totalidad. ¿Qué opina?
«Es normal que la Fiscalía o los acusadores, para efectos de fundar una medida cautelar de prisión preventiva, elijan ciertas piezas de la investigación. No es algo anormal. Por ejemplo, unas grabaciones e interceptaciones telefónicas no se leen en la audiencia todas las horas que hay de interceptación. Se toman ciertas partes de una carpeta, o en este caso de conversaciones, para fundamentar lo que están diciendo. Luego, la defensa podrá también, conociendo estas conversaciones, darles contexto».
Hay otro antecedente. La Fiscalía accede a la entrega de las copias solo horas después que se supiera que hay chats del fiscal nacional con Hermosilla.
«Aquí volvemos a lo planteado, la Fiscalía, independiente de cualquier cosa, está en la obligación legal de entregar los chat a la defensa, si no están bajo reserva. O sea, lo sospechoso y que hubiese llamado a la alerta es el hecho de que el Ministerio Público no hubiera entregado una copia de la carpeta por decisión propia. O sea, lo que han hecho de entregar es la obligación que tiene de hacerlo».
Más allá de la obligación legal de la Fiscalía de entregar los chats, desde el punto de vista mediático, ¿esto es un punto para la defensa de Hermosilla?
«Depende del criterio. Hay defensas que son más públicas y que tienden a tratar de litigar por intermedio de los medios de comunicación, desde ese punto de vista podría interpretarse como un punto en el sentido de que solicita algo y se lo entregan. Ahora, no había otra opción, dado que la investigación no estaba bajo el secreto».
