Frente a la discusión del proyecto de reforma constitucional que busca incorporar a los gobernadores como sujetos pasivos de la Constitución, la Directora del Centro de Justicia Constitucional, Marisol Peña, fue invitada a exponer en calidad de experta ante la comisión de Constitución, Justicia, Legislación y Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas, en dos oportunidades, los días 25 de octubre y 06 de noviembre.
Además, y tras la destacada participación de la académica, el presidente de la comisión de constitución, el sr. Raúl Leiva pidió personalmente que Marisol Peña se integre y acompañe las próximas sesiones que se llevarán a cabo durante la preparación y tramitación del proyecto de ley, convirtiendo así a nuestra profesora en asesora legislativa.
Durante su primera intervención, la académica comenzó resumiendo los elementos comunes de las cinco mociones parlamentarias que originaron el proyecto, enfatizando que existe una incongruencia institucional, ya que la reforma constitucional que permitió la elección popular de los gobernadores regionales los incluye en la acusación constitucional solo en relación con hechos relacionados en el desempeño de sus funciones, sin mencionarlos específicamente en el artículo correspondiente.
Además, destacó la rigurosidad de las causales de acusación constitucional, subrayando que estas deben ser de derecho estricto y no extensibles a otras autoridades o causales. Marisol Peña hizo hincapié en las amplias atribuciones adquiridas por los gobernadores regionales en el proceso de descentralización, lo que, según algunas mociones parlamentarias, justificaría establecer una responsabilidad política para ellos.
Por último, Marisol Peña planteó la tesis de que los gobernadores regionales deben ser incluidos como sujetos pasivos de la acusación constitucional, argumentando que, “desde la promulgación de la Ley 20.990, la función gubernamental regional reside en el delegado presidencial, mientras que la satisfacción de las necesidades públicas queda a cargo del gobernador regional”.
Sumado a que, propuso ajustar la Ley Orgánica 19.175 para clarificar la responsabilidad política del gobernador regional y garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico. Su propuesta incluye la eliminación de la causal de infracción a la Constitución del inciso octavo de dicha ley, diferenciando así la responsabilidad política de la administrativa.
