En ocasiones, el derecho opera de forma esotérica, uno de estos casos ocurre respecto dela Empresa de Correos de Chile (en adelante, “Correos”). Correos, actúa como monopolista en la actividad económica de notificar las cartas certificadas expedidas por la Administración del Estado (en adelante, “el monopolio postal”), de lo cual se deriva que los privados estarían impedidos de desempeñar tal labor. El asunto cobra especial relevancia por la reciente Ley N° 21.180, de transformación digital del Estado, la cual incidió inadvertidamente en esta materia.
La existencia del monopolio postal presenta, desde el punto de vista jurídico, algunas dudas (Enteiche, 2020). Estimamos que no hay una norma legal que sostenga al monopolio postal, sino que este se entiende vigente al argumentarse que una letra “c” mayúscula determinaría su existencia.
El artículo 46, inciso segundo de la Ley N° 19.880 señalaba que la notificación de las cartas certificadas emitidas por la Administración del Estado se entendía practicada en la “oficina de Correos que corresponda”. Entonces, fruto de la letra “c” mayúscula que se antepuso a la palabra “Correos”, se argumenta que la norma “ha aludido a la Empresa de Correos de Chile”; motivo por el cual Correos estaría habilitada para que “a través suyo se efectúen las notificaciones en comento” (Dictamen de la Contraloría General de la República N°84.659 de 2014, aplicados entre otros, por los Dictámenes N°s 26.215 de 2018 y el 56.769 de 2021).
Desde luego, el legislador puede establecer un monopolio legal que beneficie a Correos (artículo 4°, Decreto Ley 211), como acontece en materia de electricidad y combustibles o en materia de servicios sanitarios. Así lo ha entendido la Corte Suprema en la sentencia rol N° 47.555-2016, en materia de salud, al impedir que a través de una norma inferior a la ley se origine un monopolio postal de Correos en la notificación de las cartas certificadas emitidas por los privados. La Corte consideró que “no es posible otorgar o conceder monopolios para ejercer actividades económicas, a menos que la ley expresamente lo autorice, de tal forma que la figura monopólica resulta ser del todo excepcional” (considerando noveno).
Lo particular en el caso del monopolio postal es que la mayúscula de la palabra “Correos” ya no existe, por lo cual se difuminó el único argumento para sostener que su creación se debía a la Ley N° 19.880. Durante la tramitación de la Ley N° 21.180, en el primer trámite constitucional realizado ante el Senado, la palabra se mantenía en mayúscula, pero en el informe dirigido por el Senado a la Cámara de Diputados y Diputadas, la “c” se bajó a una minúscula (página 184). Ello no fue alterado durante el trámite legislativo sucesivo, por lo cual la Ley N° 21.180, al parecer de forma inadvertida, sustituyó del artículo 46 inciso segundo de la Ley N° 19.880 la palabra “Correos” por la expresión “correos”.
Tal como apareció la letra “c” mayúscula en el artículo 46, inciso segundo de la Ley N° 19.880 -sin sustento en la historia de la Ley N° 19.880-, ahora desapareció -sin sustento en la historia de la Ley N° 21.180-. Aunque sea difícil de creer, al bajarse la “c” mayúscula a minúscula se terminaría con uno de los principales argumentos que abonan la existencia del monopolio postal.
Otros fundamentos abonan la existencia del monopolio postal, pero ninguno de ellos consolida su existencia. Por ejemplo, se dice que Correos se beneficiaría del monopolio postal por las referencias efectuadas a través de normas derogadas orgánicamente a su antecesor, el “Servicio de Correos y Telégrafos”, lo que no es acorde con la legislación vigente; y que Correos otorga mayores garantías que los privados como ministro de fe, sin que alguna ley les haya otorgado ese carácter a sus funcionarios ni que esta virtud sea una verdad incontestada.
Volviendo a la bajada de la mayúscula como basamento de la existencia del monopolio postal, podemos afirmar que, tal como se creó, desapareció. Es necesario entonces preguntarnos, monopolio postal de Correos de Chile, ¿quo vadis?
Nicolás Enteiche, profesor de Derecho Administrativo e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo
Fuente: El Mercurio Legal
