Columna de Opinión publicada el sábado 12 de febrero por Marisol Peña, Directora de Programas Académicos y Profesora Investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho UDD, en La Tercera.
Este mismo medio ha informado, en días pasados, de las iniciativas presentadas por un grupo de convencionales constituyentes que proponen la creación de una Corte Constitucional en reemplazo del actual Tribunal Constitucional. Se ha señalado que así se sellaría “el fin” del TC, lo que merece ser comentado.
La creación de una Corte Constitucional, en reemplazo del actual Tribunal Constitucional, tiene efectos simbólicos. Quienes buscan terminar con la justicia constitucional en Chile atribuyendo el control de la supremacía de la Carta Fundamental a los jueces ordinarios y confiando que el legislador se haga cargo de sus errores, fundan su propuesta en los defectos de funcionamiento de la actual jurisdicción constitucional.
Luego, el cambio de nombre ayudaría, como ocurrió en Ecuador, a fortalecer su rol de supremo y especializado garante de la Constitución. Y reforzaría la idea de que no es un simple tribunal, como los ordinarios y especiales que integran el Poder Judicial, sino que es el árbitro de las disputas que la política no logra resolver en perjuicio de los ciudadanos.
Pero, en lo sustantivo, una Corte Constitucional, integrada por 11 miembros como la que se propone, que mantiene la legitimidad que le comunica la designación por los tres poderes clásicos del Estado, con mayores niveles de transparencia y objetividad, y con la posibilidad de que postulen, incluso, ministros de cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, aminora la posibilidad de politizar los nombramientos y asegura que lleguen a esas responsabilidades los más capaces. A ello se une la limitación importante del control preventivo de la legislación que produce un innegable cortocircuito con el principio democrático.
La propuesta de una Corte Constitucional es una gran noticia para la democracia y el estado de derecho: mantiene el control de la supremacía constitucional en jueces altamente especializados e independientes. Ojalá pueda ser evaluada debidamente, sin sesgos ni condicionamientos ideológicos, porque Chile merece seguir contando con una defensa férrea de esa misma Constitución que hoy se está redactando.
