Sergio Verdugo, Director del Centro de Justicia Constitucional, es entrevistado como experto en la Segunda, respecto a «Los riesgos de cómo se regule: Alteración de quórum y judicialización» el pasado viernes 28 de mayo.

“Es un tema complejo que podría estimular conductas oportunistas para inhabilitar a otros constituyentes, afectando los quórum”

“Claramente es necesario regular el tema, pero es un tema muy complejo” dice Sergio Verdugo, del Centro de Justicia Constitucional de la UDD.

Sin embargo, ese proceso –señala- no está exento de riesgos.

Y entre ellos destaca, al menos, tres:

Primero, que las consecuencias de declarar a un convencional inhábil para votar algo, podría alterar los quórums internos.

“Y eso podría estimular conductas oportunistas para inhabilitar a otros constituyentes, afectando las negociaciones.

Ahí se pueden generar comportamientos estratégicos: un convencional podría presentar una indicación sobre una materia muy precisa sabiendo que eso va a generar un conflicto de interés con otros convencionales específicos”, dice.

Segundo, si se establece que sea un organismo externo sea el que defina las inhabilidades (como la Corte Suprema, por ejemplo) obligaría a modificar la Constitución actual para darle ese poder a ese órgano que hoy no lo tiene.

“Lo que sería muy engorroso, con el adicional de que se terminen judicializando los actos de la convención”.

Y tercero, que las reglas sobre el tema sean tan difusas que no otorgue resultados predecibles, generando un exceso de conflicto que puede dañar no solo la imagen y credibilidad de la convención, si no también su funcionamiento”.

Por ello, advierte, “debe haber una regulación muy clara sobre esto.

Y hay que distinguir si las normas que van a ver los convencionales serán generales o específicas.

En la medida que sean más generales, habrá menos conflicto de interés”.

Agrega que “uno tiene la idea de que la Constitución debiera abocarse a normas generales, pero existen en los programas de varios constitucionales propuestas bien específicas respecto de regulaciones en diversos ámbitos”.

Y señala que se deben establecer consecuencias por infringir estas normas: “una cosa es una amonestación por parte de un comité de ética, otra cosa es una sanción económica como una multa, o que el voto del convencional sea declarado inválido”.

Sergio Verdugo, Director del Centro de Justicia Constitucional