Carta al Director publicada el pasado jueves 12 de noviembre, en el diario La Segunda.

Señor Director:

Uno de los desafíos que enfrentará la Convención Constitucional será la elaboración de su reglamento de funcionamiento interno. Desde un principio se ha reconocido la importancia de este documento, producto de que en él se encontrarán plasmadas las reglas para arribar a acuerdos, el funcionamiento de las comisiones temáticas o la forma de trabajo de la secretaría técnica, entre otras. Sin embargo, el reglamento también debe afrontar el desafío de idear mecanismos adecuados para que el resto de la ciudadanía —no electa en el rol de “convencional”— pueda participar activamente en el debate.

La experiencia internacional nos ha mostrado distintas herramientas en este sentido. El proceso constituyente de Islandia (2010) utilizó las redes sociales como plataforma para la comunicación directa entre las personas y el órgano redactor. En el proceso constituyente de Hungría (2010) se enviaron cuestionarios a los ciudadanos, mientras que en Ecuador (2007), Bolivia (2009) y Colombia (1991) se optó por el trabajo territorial a través de foros locales o buzones de recepción de ideas. Una mejor opción son las audiencias públicas (Túnez, 2014, o Sudáfrica, 1996), en las que representantes de organizaciones civiles expusieron ante la Asamblea Constituyente.

Instaurar algún mecanismo de participación (que no necesariamente ha de ser uno de los mencionados) reviste de gran importancia para impregnar un mayor nivel de legitimidad a la Carta resultante, cosa que se logra aun cuando no todas las opiniones dadas por la ciudadanía sean recogidas. Las constituciones no solo se deben a la calidad de sus contenidos, sino también al estándar democrático de sus procedimientos de formación y deliberación.

Gaspar Jenkins Peña y Lillo

Centro de Justicia Constitucional, U. del Desarrollo