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Matías Pascuali
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¿QUÉ INTERÉS DEBEN TENER LOS DIRECTORES DE EMPRESAS AL TOMAR SUS DECISIONES?
El 19 de diciembre de 2018, la empresa Johnson & Johnson perdió una moción para revertir un veredicto de un jurado en el Estado de Missouri (EEUU), el cual otorgó US$ 550 millones en indemnización y US$ 4.1 mil millones en daños punitivos a 22 mujeres que alegaban que los productos de talco de esta empresa habían sido la causa directa de diferentes tipos de cáncer. Este fallo podría haber sido un caso más de responsabilidad por productos que se producen en Estados Unidos, en los cuales alguna persona en la cadena de responsabilidades no cumplió sus labores de supervigilancia del cumplimiento regulatorio al interior de las empresas.
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Lucas del Villar
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LEY N° 21.081 SOBRE FORTALECIMIENTO DEL SERNAC: NUEVAS HERRAMIENTAS Y PRIORIZACIÓN DE CASOS
Los consumidores finales de bienes y servicios son, sin lugar a dudas, el principal actor de nuestro sistema económico. De manera paradójica son, a su vez, los que se en encuentran en mayor desventaja para negociar, contratar o, incluso, elegir de manera adecuada. Ello justifica, entre otras razones, la necesidad de intervención por parte del Estado en orden a garantizar el bienestar social. En ese orden de ideas, una labor fundamental del Estado es proteger los derechos de los consumidores. Así, se alza la función del Servicio Nacional del Consumidor.
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Felipe Leiva
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PROYECTO DE LEY SOBRE DELITOS AMBIENTALES: UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA REGULACIÓN PENAL DEL MEDIO AMBIENTE
Como parte de la ambiciosa y variada agenda legislativa ambiental que el gobierno se ha propuesto, el 22 de enero de 2019 y mediante el Mensaje 339-366, el Gobierno ingresó al Senado el Proyecto de Ley que busca sancionar penalmente las conductas que atentan gravemente contra el ambiente (Boletín Nº12.398-12, en adelante, el “PL”). El PL propone extender al ámbito penal el reproche de conductas graves contra el medio ambiente específicamente aquellas que “generen menoscabos significativos a nuestros ecosistemas”. Si se considera que en Chile ocurren con cierta frecuencia lamentables episodios de contaminación y detrimento ambiental, la necesidad de establecer el delito ambiental en el ordenamiento jurídico nacional parece incuestionable.
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