Ley de Pesca: los cambios regulatorios no son gratis.
PDF 55,7 KBFrente a Frente “Ley de Pesca: los cambios regulatorios no son gratis” de Camila Boettiger, Directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa UDD. Publicada el Sábado 19 de enero en el La Tercera.
«Ley de Pesca: los cambios regulatorios no son gratis
La pesca industrial parece vivir en una permanente revisión regulatoria. El gobierno está tramitando un proyecto de ley para modificar el sistema de asignación de cuotas de la pesca industrial (Boletín 11.704-25), que ha causado inquietud en el sector. La última modificación a la Ley que regula esta actividad, en 2013, creó dos tipos de licencias de pesca: las clase A, que corresponden a aquellas que habían sido otorgadas bajo la legislación anterior, con cuotas máximas de captura históricas; pasaron a tener un plazo de 20 años, con un sistema de renovación simple: basta con no incumplir ciertas obligaciones, especificadas en la Ley, para renovarla. En cambio, las nuevas licencias, las clase B, no tienen posibilidad de renovación; éstas expiran por el cumplimiento de su plazo y se vuelve a subastar la cuota.
El proyecto de ley en comento busca eliminar la posibilidad de renovación de las licencias de pesca clase A, para que una vez que se cumplan los 20 años de plazo de las mismas, estas cuotas de captura pasen al sistema de subastas. De acuerdo al artículo 2° transitorio propuesto, las licencias clase A actuales simplemente perderán su posibilidad de renovación, pasando a ser de plazo fijo, lo que cambia sustancialmente una de las características esenciales de la concesión otorgada.
Dos cuestionamientos pueden hacerse a esta propuesta. Uno, sobre la bondad del sistema propuesto, esto es, si el sistema de subastas efectivamente garantiza una explotación sustentable de los recursos pesqueros y si se dará en un mercado con alta competencia (lo que fue cuestionado por el propio Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Rol ERN 12-10). El segundo tiene que ver con el nuevo cambio de las reglas del juego para los actores de la industria pesquera, que podrían alegar la afectación de derechos adquiridos sobre sus licencias al impedirles su renovación.
En ese tipo de recursos de uso común, el acceso abierto lleva a lo que se conoce en economía como la “tragedia de los comunes”, que en la pesca lleva a la clásica “carrera olímpica”. Cuando el Estado otorga una concesión para aprovechar recursos que tiene bajo su tutela -porque no son estatales, sino que son comunes o públicos, como los recursos hidrobiológicos- está dándole una preferencia, un derecho a un particular por sobre otros, con el interés público que estos recursos se utilicen eficientemente y también tutelar su conservación; por eso son concesiones, temporales o indefinidas, renovables o no, caducables o no; el regulador elige un modelo y los titulares las conocen de antemano. Ahora bien, cuando la autoridad ha entregado, a través de un sistema determinado el derecho a explotar ese recurso, el titular de dicha concesión toma decisiones de inversión, contratación y financiamiento sobre la base del derecho concedido, su plazo, causales de caducidad y reglas para su renovación o pérdida. ¿Significa esto que el Estado no puede cambiar las reglas del otorgamiento de las concesiones, que los derechos otorgados están “petrificados” y que se deberán mantener a cualquier costo? Claro que no. La regulación, sobre todo en el caso de los recursos naturales, debe poder adaptarse; la autoridad, en virtud de su función de tutelar los intereses públicos involucrados (económicos, ambientales, sociales, etc.) puede y debe ajustar su explotación y aprovechamiento. Hay opciones: un régimen escalonado de renovación, una indemnización parcial, un ajuste de las cuotas de captura. El punto es que, no se puede pretender que los titulares de esas concesiones asuman todo el costo del cambio regulatorio.
Camila Boettiger
Directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa»
Frente a Frente, Camila Boettiger, La Tercera.
Bases de la licitación del Transantiago
PDF 1,2 MBCarta al Director: Bases de la licitación del Transantiago
La Tercera, 07 de abril 2018
SEÑOR DIRECTOR:
Sorprende que autoridades del anterior gobierno se manifiesten públicamente tan contrarias al retiro de bases del Transantiago, alegando que perjudica a usuarios y favorece a ciertas empresas. En declaraciones de tono político se olvida que la licitación se detuvo por razones de libre competencia y por un tribunal que nada tiene que ver con la contingencia política. La libre competencia no debe olvidarse nunca: las bases del Transantiago parecían impedir la entrada de nuevas empresas de buses, las mismas que interpusieron demandas judiciales.
Todo proceso de licitación, una vez adjudicado, entrega un monopolio al que gana la concesión, en este caso durante nada menos que 10 años. Por lo mismo, antes de dar monopolios por una década, estay toda licitación debe asegurar que las bases sean competitivas. La competencia es lo que permite adjudicar estos monopolios a las empresas más eficientes, que brinden mayores beneficios a los usuarios, como menores costos y un mejor servicio.
Hoy sería prematuro conocerlas nuevas bases de licitación que presentará el Ministerio de Transportes; igualmente se desconoce si habrá prórrogas a los contratos existentes que pudiesen beneficiar a actuales operadores y se desconoce -lo que es altamente improbable- si el nuevo gobierno se tomará los mismos dos años y medio que se tomó el anterior para la elaboración de bases. Lo que sí consta es que las bases que retiraron levantaban muchos cuestionamientos en materia de libre competencia y, de ser así, ello hubiese perjudicado a los usuarios. Me parece que es momento de elevarla calidad del debate.
María Elina Cruz Tanhnuz
Directora ejecutiva del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa UDD
Un Estado al servicio de los ciudadanos
PDF 1,7 MB
¿Cuántas veces le ha pasado que una determinada repartición pública le solicita antecedentes que debe generar otra repartición pública? ¿O que le vuelvan a pedir documentos que usted ya ha entregado en otros servicios, en etapas previas de un determinado trámite? ¿Cuántas veces hemos realizado una gestión en forma presencial ante un servicio público en circunstancias que ésta podría haberse realizado en línea? La respuesta es que esto nos ocurre con bastante frecuencia, y la música de fondo que resuena cada vez que nos enfrentamos a estas situaciones es la de una desagradable ironía: ¿No estamos en la era digital? ¿Cómo puede ser que los servicios públicos actúen como islas sin interconexión, dificultando la vida de las personas y el desarrollo de instituciones y proyectos?
En materia de modernización del Estado, y entre las muchas artistas que han de abordarse respecto de este complejo tema, la atención al usuario debiera ser una prioridad. Generar condiciones, con el mayor sentido de oportunidad, para que las personas y empresas (grandes, medianas, pequeñas y micro) perciban al Estado como uno más cercano y reciban de éste una prestación de servicios de calidad y eficiente, es esencial y constituye, posiblemente, una de las reformas más relevantes que deba llevar a cabo la nueva administración. Y las razones de su importancia son bastantes intuitivas: la “realización de trámites” afecta muchos aspectos de la vida de las personas, y en muchas etapas de ésta, cuestión que también es válida respecto de la creación y desarrollo de las instituciones, empresas, emprendimientos y proyectos. En términos de costo oportunidad, implican una alta inversión de tiempo y recursos que sin duda estarían mejor aprovechados si el Estado se planteara al servicio de los ciudadanos.
Acometer este aspecto de la reforma del Estado requiere de una voluntad persistente y un compromiso transversal de todos los sectores políticos. Requiere de gran convicción para hacerse cargo de diversas problemáticas, entre las cuales resulta imperativo revisar -y probablemente reducir- la multiplicidad de servicios existentes y ciertas exigencias que hoy resultan obsoletas, simplificando la malla organizacional del Estado, como así también la regulación; precisa de la evaluación de la calidad y formato de la información disponible en los servicios, de la interconexión de sus plataformas y una mayor coordinación institucional entre ellos; requiere continuar poniendo a disposición de los ciudadanos portales electrónicos o ventanillas web, amigables, de atención al público, al tiempo de avanzar en redes presenciales de atención a lo largo del país; obliga a generar incentivos correctos para elevar los estándares de servicio en términos de calidad y tiempos de respuesta y de resultados. En suma, se trata de generar un Estado en línea y en el que impere una cultura centrada en los usuarios, de manera que los servicios agreguen valor en esta materia y no signifiquen una traba. Pero además, requiere de mucha nobleza de parte de nuestros gobernantes y legisladores quienes, inspirados en su vocación de servicio público, probablemente no aprovecharán del todo los beneficios políticos de una reforma de este tipo, pero que son conscientes del profundo impacto que esta problemática genera para la ciudadanía. Entusiasma advertir que hoy existe consenso transversal en la clase política, en la academia y entre los cuerpos intermedios de la sociedad respecto a que este asunto debe ser uno prioritario, y que el programa de gobierno del Presidente electo contempla la modernización del Estado como una tarea crucial, que atraviesa su hoja de ruta en La Moneda, en diversas materias, durante los próximos cuatro años.
Sostenibilidad empresarial: un objetivo corporativo
PDF 4,9 MBSin embargo ¿Son realmente contradictorios los objetivos? Me parece que no. Y es que en materia de sostenibilidad empresarial no se trata de quien llega primero a cumplir metas socialmente populares que no guardan relación con el interés de la compañía, o de quien tiene más RSE o hace mejor marketing de su RSE. Se trata más bien de adoptar una estrategia corporativa que aborde las diversas dimensiones del quehacer de una compañía, observable, evaluable y revisable de cara a sus accionistas y sus stakeholders. De hecho diversos estudios demuestran que la búsqueda de sostenibilidad empresarial se traduce, en el mediano y largo plazo, en un sin número de innovaciones organizacionales, tecnológicas, de procesos y otras que reditan en retornos para las empresas. Y es que, contrario a lo que pudiera pensarse, el fin de maximizar el valor de la compañía no es contradictorio con la sostenibilidad empresarial. Por supuesto que presenta desafíos e implica que deberán repensarse ciertos modelos de negocios y procesos, pero no se trata de una tarea inabordable o que complote contra el interés de los inversionistas. Una de las ganancias que obtienen las compañías que asumen la sostenibilidad como un objetivo de negocios es que se adelantan a la regulación en la materia. En efecto, ser el primero en “mover la ficha” otorgaría ventajas sustantivas en lo que se refiere a la promoción de la innovación. Las empresas que se anticipan a la regulación, y se guían por los mejores estándares, ganan tiempo para experimentar con proyectos a escala, con nuevos insumos, tecnologías y procesos, aprendiendo valiosas lecciones de dicha experimentación, al tiempo que de ella suelen surgir nuevas oportunidades de negocios. Pero ¿Por qué tendrían las empresas que cumplir con un estándar superior, y no solo el mínimo normativo exigible? La evidencia demuestra que las empresas que se han anticipado, cumpliendo con los mejores estándares globales en materias corporativas y en sus procesos productivos, y que realizan un esfuerzo colaborativo, por la vía de alianzas productivas, no solo han logrado producir ahorros importantes (al beneficiarse de la optimización de los procesos, entre otras), sino que han liderado el camino del cambio y han transformado al regulador en un aliado. En efecto, las empresas que están a la vanguardia en materia de cumplimiento suelen ser aquellas que detectan tempranamente nuevas oportunidades de negocios. El caso de Hewlett Packard, en Europa, resulta ilustrador. El cumplimiento de mejores estándares se transforma así en una oportunidad competitiva y no es una carga.
Nunca es tarde para impulsar el crecimiento
PDF 3,0 MBNunca es tarde para impulsar el crecimiento
Por Natalia González, Directora Ejecutiva del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa, Facultad de Derecho UDD.
Dice el refrán que no se valora lo que se tiene hasta que se pierde. Hasta hace unos pocos años, el crecimiento económico en nuestro país gozaba de cifras alentadoras, de las cuales nos preciábamos. Tan bien estaban las cosas, que pareció ser hora de plantear reformas profundas, las que en todo caso “no afectarían” el crecimiento. El crecimiento seguiría marchando por aquella senda natural, casi obvia, sin interrupciones, o al menos sin que éstas fueran producto de tales reformas. Los escépticos levantaron sus voces; algunos con mayor ahínco que otros, que se aproximaron con cierta timidez o pudor al tema, como si hubiera una contradicción entre crecimiento y preocupación por el gasto social y mayor bienestar. Hasta que de pronto, y sin perjuicio de los golpes externos a nuestra economía, la realidad nos mostró otra cosa.
El sucesivo declive del crecimiento vino nuevamente a evidenciarse: el Banco Central recortó la estimación de crecimiento de la actividad económica para este año. La caída en la inversión, que anotó una nueva contracción anual acumulando cuatro ejercicios seguidos con números negativos, explica en buena parte lo sucedido. Una mala noticia para el país, en tanto que la economía mundial retoma mejores ritmos de crecimiento.
Hoy parece cobrar fuerza la tesis de que debemos relevar la capacidad de crecer, como un factor esencial del desarrollo. O, a lo menos, parece haber mucho menos pudor en esta defensa. Y es que se ha vuelto palpable que el crecimiento tiene un enorme impacto en términos de mejorar el bienestar de las personas. No es el único factor, qué duda cabe, pero no podemos desconocer su relevancia. Sin crecimiento, los aumentos en la tasa impositiva no producirán mayor recaudación, necesaria para hacerse cargo del gasto social y favorecer a quienes más lo necesitan. Sin crecimiento, complejizamos el acceso al empleo, que se vuelve precario, y escasean las oportunidades para emprender -o se torna cuesta arriba- y se genera una sensación de inestabilidad e inseguridad, no deseable, en la clase media.
En este escenario cabe preguntarse, y con mucho sentido de urgencia, qué estamos haciendo al respecto. El sector privado tiene un rol que jugar y debe jugarlo. Ese es el llamado que están haciendo los líderes empresariales. En el caso de las autoridades de Gobierno ¡Qué duda cabe que buscamos señales, tanto de las actuales como de los candidatos a la presidencia! Sin perjuicio de las 22 medidas impulsadas por Hacienda y Economía en 2016 (algunas llevadas a cabo y otras con un avance más discreto), hoy es imperativo dar señales contundentes. La eliminación de trabas para la inversión debe ser un continuo. En otros casos, las señales vienen dadas por cómo se marcan los énfasis y urgencias de ciertos proyectos de ley anunciados o en trámite, que pueden estar afectando la confianza empresarial y de los consumidores. Las señales son clave y deben darse aun cuando resten pocos meses para terminar el Gobierno. Nunca es tarde cuando se trata de buscar mayor bienestar y desarrollo.
Micco prevé que propuesta tributaria de Piñera restará 0,6% del PIB a la recaudación
PDFLa Tercera, 23 de junio
►El subsecretario de Hacienda pidió no proponer cambios antes que la reforma entre en régimen.
► Fontaine, miembro del equipo del ex presidente, dijo que eso se evita al aplicar medidas en “2 o 3 años”.
Tal como ocurriera en 2013, la campaña presidencial ha tenido como protagonista del debate económico una nueva reforma tributaria, discusión que aumentó en intensidad en momentos que se cuestiona la efectividad de la normativa tras la caída de la recaudación del impuesto de las empresas en 2016, pese a que la tasa del gravamen aumentó desde 22,5% a 24%.
De hecho, este fue el principal fenómeno que criticó el economista Juan Andrés Fontaine, consejero de LyD y miembro del equipo económico del candidato Sebastián Piñera, durante el seminario “La reforma tributaria: reflexiones sobre su impacto y cómo abordar los desafíos pendientes” organizado por la UDD, instancia donde aseguró que “al afectar al crecimiento, una reforma de este tipo afecta la recaudación tributaria. En consecuencia, conspira contra la idea que una reforma tributaria crea ingresos permanentes”.
Por lo mismo, Fontaine defendió la propuesta programática que apunta a reducir la tasa de primera categoría (empresas) desde 27% a 25%, luego que la tasa suba en 2018 como lo señala la reforma tributaria, y también la idea de volver a integrar completamente el sistema de las empresas más grandes. Es decir, que el impuesto que paguen las empresas en el sistema semi integrado se pueda usar en un 100% contra los impuestos personales de sus dueños, a diferencia de cómo funciona actualmente, donde dicho crédito solo alcanza al 65% del impuesto final.
Sin embargo, la propuesta fue cuestionada por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco -quien ha seguido el proceso de la reforma tributaria desde sus inicios- dado que “tiene un impacto en recaudación sin duda alguna”. Según cálculos de Hacienda, bajar la tasa del gravamen a las empresas, e integrar el sistema, equivale a 0,6% del PIB menos de recaudación para el Fisco, lo que debe ser compensado dado el escenario de estrechez fiscal que enfrenta el país.
“Lo más responsable es esperar a ver cómo funciona en la práctica la (…) reforma tributación completa de la reforma tributaria antes de proponer los cambios”, remarcó Micco, enfatizando que “cambiar dos guarismos en la ley no es simplificación”.
Mayor recaudación
Fontaine, en este sentido, no retrucó la cifra señalada por Micco, coincidiendo con el efecto que puede generar su propuesta, y si bien afirmó que “tomará tiempo” llevar adelante la reducción de la tasa, sostuvo que “se puede hacer si se hace de a poco, con un crecimiento económico que vaya aumentando por otra vía los ingresos fiscales y con un combate fuerte a la evasión”.
Consultado por la gradualidad de la implementación, afirmó que “se puede hacer en los próximos dos a tres años”. Asimismo, el economista no descartó que a medida se alcance la tasa de 25% del impuesto de primera categoría, se podría continuar en esta trayectoria, a medida aumente el crecimiento y el resto de los países desarrollados y emergentes continúen un proceso de rebajas impositivas.
Por otra parte, como medida de compensar el menor pago de impuesto de las empresas, Fontaine planteó que al recuperarse el crecimiento, podría existir un “espacio” para incrementar las tasas de impuesto a las personas.
“Aunque las tasas marginales del 35% o 40% son relativamente altas o razonables a nivel mundial, la tasa media que pagan los sectores de más altos ingresos es bastante baja. Hay tramos exentos (que no pagan impuesto) y después hay una subida muy lenta, creo que ahí hay un espacio (para subir la tasa).