ALEJANDRA ARAOS VERDUGO
Químico Ambiental
Alumno Mg. en Derecho Ambiental

El suelo es, sin duda, un componente esencial para la vida, la producción de alimentos y el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico chileno, ha habitado históricamente en una penumbra regulatoria. Mientras que el aire y el agua han concentrado los esfuerzos del Estado debido a su visibilidad y efectos inmediatos en la salud, el suelo ha sido el «componente silencioso», relegado a una gestión fragmentada, reactiva y carente de estándares nacionales vinculantes. 

A pesar de contar con un marco legal habilitante desde la Ley Nº 19.300, Chile carece de Normas Primarias y Secundarias de Calidad Ambiental para suelos. Esta ausencia no es un problema meramente técnico derivado de nuestra diversidad edáfica; es el resultado de factores estructurales acumulativos: baja prioridad política, fragmentación de competencias institucionales y una dependencia excesiva de la autorregulación de los titulares de proyectos. 

Uno de los puntos más críticos con respecto a la regulación sobre este componente es la inadecuación del modelo tradicional de gestión ambiental chileno aplicado a la matriz suelo. La tríada clásica de «Norma de Calidad – Zona Saturada – Plan de Descontaminación», diseñada para medios dinámicos como el aire o el agua, fracasa ante el suelo. Mientras que en el aire la reducción de emisiones permite una mejora por dispersión, el suelo actúa como un receptor estático y acumulativo. Por ello, dejar de contaminar hoy no soluciona el daño histórico ya presente. 

La gestión actual, basada en guías técnicas no vinculantes y el uso supletorio del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ha generado una incertidumbre regulatoria que debilita la certeza jurídica y permite una aplicación territorial desigual de criterios. En la práctica, hoy evaluamos «caso a caso», recurriendo a normas extranjeras y compromisos voluntarios que no configuran una protección integral. 

La experiencia internacional de países como los Países Bajos o Alemania nos enseña que el camino no es esperar la recuperación natural, sino establecer valores de intervención que disparen obligaciones directas de remediación física basadas en el riesgo toxicológico. 

Afortunadamente, el inicio del procedimiento para dictar una Norma Primaria de Calidad Ambiental para Suelos en 2023 representa una oportunidad histórica. Sin embargo, el desafío no es solo dictar un estándar pasivo, sino integrar esta norma con mecanismos efectivos de financiamiento, responsabilidad ambiental y gestión de pasivos históricos. 

Chile tiene el conocimiento técnico y la necesidad ambiental urgente de cerrar este vacío. Es hora de que el suelo deje de ser el eslabón perdido de nuestra institucionalidad y pase a ser un componente plenamente protegido, garantizando un desarrollo sostenible que no comprometa la salud de las futuras generaciones.