Fuente: Diario Financiero

Qué duda puede caber de que las acusaciones constitucionales, necesarias en toda democracia, fueron un instrumento abusado por el FA y el PC en los últimos tres años, al impulsar nueve de ellas durante una de las catástrofes más grandes de la historia reciente: la pandemia.

Semanas atrás, el Presidente Boric pedía que se deje de sacar provecho político en medio de los desastres (a propósito del sistema frontal que azotó al país). No puedo dejar de pensar en cuánto mejor podríamos haber estado en los últimos años con este mismo espíritu.

Probablemente no se habría acusado sin fundamentos a la ministra Cubillos, a los ministros Santelices y Mañalich, o al ministro Raúl Figueroa por hacer lo posible para que los alumnos volvieran a clases ante el temor de un terremoto educacional (el primer terremoto que se sabía iba a pasar y cuyas consecuencias ya se pueden ver); qué decir de acusar constitucionalmente a dos ministros del Interior y al Presidente de la República… dos veces; todo en medio de la crisis y la violencia que acompañó al estallido social y al temor con que vivimos la pandemia.

Por eso no es de extrañar que desde que asumió este gobierno ya existan cuatro acusaciones constitucionales presentadas por la oposición. Porque si un desastre de la magnitud del Covid no bastó para dejar de lado las peleas chicas y los intentos por desestabilizar al gobierno anterior, ¿por qué un temporal habría de hacerlo? Aunque no se trata de presentar acusaciones sin razón alguna, tampoco se puede dejar de hacerlo cuando se cumplen las causales que la Constitución establece. Porque a propósito del escándalo de corrupción de la fundación “Democracia Viva”, se ha señalado que no se presentaría una acusación en contra del ministro Montes en consideración a su trayectoria política. Pero, ¿quién podría haber dudado de la trayectoria de los exministros Chadwick, Pérez o Cubillos? Lo que importa es algo factual: se cumplen o no las causales.

Desde un punto de vista humano, es comprensible querer ser implacable con quien lo fue con uno; pero desde una dimensión profesional de la política, ¿qué es lo que corresponde? ¿Se paga la injusticia con injusticia? Estas consideraciones que tienen un componente emocional indudable encuentran respuesta en las instituciones. Claramente, la actual Constitución ha perdido fuerza por varias razones y poco importará una nueva si los representantes que nosotros elegimos deciden no respetarla.

Con todo, el proyecto de nueva Constitución aprobado por la Comisión Experta es una buena noticia, porque mejora el procedimiento de las acusaciones constitucionales aumentando el quórum para presentarlas, estableciendo un paso previo y necesario para ejercerlas en contra de un ministro de Estado, y disponiendo que sólo aquellos senadores que hayan asistido a todas las sesiones en que se revise puedan votarla.

Las acusaciones constitucionales no se pueden presentar, ni pueden dejar de ser ejercidas, por las razones equivocadas.