Felipe Leiva, profesor del Magíster en Derecho Ambiental, dictado por nuestra Facultad, es consultado como experto en el Mercurio el pasado viernes 23 de julio.
A solo días de que se cumplieran cuatro años desde que el 25 de julio de 2017 el Comité de Ministros aprobó la instalación en Tiltil, Región Metropolitana, del Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (Cigri) de la empresa Ciclo, la Corte Suprema acogió de forma unánime un recurso de reclamación interpuesto por parte de representantes de la comunidad, lo que paraliza la ejecución del proyecto.
La iniciativa, de US$ 85 millones, consiste en un centro de tratamiento, disposición y eliminación segura de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, que había sido calificado favorablemente por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) antes de que fuera visada por la instancia ministerial.
Aquella decisión de julio de 2017 generó una gran cobertura mediática y acciones que incluyeron el cierre parcial de uno de los rellenos sanitarios en la comuna, pues en Tiltil ya se erigen 14 puntos de contaminación, entre los que se cuentan un vertedero, un depósito de residuos mineros y una planta de cerdos. Por lo mismo, la municipalidad recurrió al Tribunal Ambiental para detener el proyecto, pero tras un fallo desfavorable en 2019, miembros de la comunidad de Tiltil acudieron a la Suprema.
La sentencia de la Tercera Sala del máximo tribunal establece que la empresa “deberá retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental al estado de que la autoridad disponga la realización de los estudios, informes y diligencias que fueren pertinentes a fin de recabar los antecedentes necesarios para hacerse cargo, oportuna, cabal y debidamente, de las observaciones planteadas por los actores”.
Reacciones
El alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela, valora el fallo, pues señala que “esta planta traería serios daños” a los vecinos.
Según el edil, “estudios indican que la exposición al manganeso puede producir demencia, la exposición a plomo produce cierto deterioro intelectual e infertilidad, el arsénico produce cáncer; y las autoridades nunca consideraron esta situación, siguieron adelante colocando en riesgo a la comunidad”.
La empresa, en un comunicado, afirma que tiene la intención de seguir adelante con la iniciativa y que “está considerando los próximos pasos para cumplir con la sentencia, que se enfoca en aspectos muy específicos del proyecto”.
A juicio de Valenzuela, Ciclo “tiene la opción de solicitar la evaluación de impacto ambiental nuevamente, pero estamos seguros que, esta vez, la comisión de impacto ambiental hará su trabajo como corresponde”. Uno de los argumentos esgrimidos en la sentencia apunta a insuficiencia de respuesta sobre efectos colaterales mencionados por la comunidad, como la afectación a la calidad de vida.
Felipe Leiva, académico de Derecho Ambiental de la U. del Desarrollo, plantea que el fallo no es “extraño”, ya que trata “un tema que hace un tiempo la Corte Suprema ha estado analizando, que es la relación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental”.
Añade que “lo que la Corte dice es que el Comité de Ministros y la evaluación limitaron su análisis cuando debieron haber considerados más efectos (…). Aquí no hay un reparo material o técnico, no hay un rechazo al proyecto, sino que apunta a que deberían haberse considerado las afectaciones mencionadas por los ciudadanos y que no eran suficiente las respuestas que se dieron a la comunidad”.
Para Ezio Costa, director ejecutivo de la fundación ambientalista Fima, la institucionalidad tiene un sesgo “a favor de los proyectos y tiende a descartar las preocupaciones de las personas y comunidades que serán afectadas ambientalmente”.
