En una entrevista publicada en Bio-Bio Online, el martes 13 de agosto del 2024, Catalina Salem, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, destacó que el problema en los nombramientos para la Corte Suprema radica en un sistema que carece de incentivos para agilizar el proceso. Según Salem, esta falta de incentivos permite que las negociaciones se extiendan a otras instancias, como la Contraloría o la Defensoría de la Niñez, lo que complica aún más la situación del gobierno para conseguir el respaldo del Senado en las designaciones.
El gobierno presentó a los tres candidatos para llenar vacantes que se encuentran pendientes al interior de la Corte Suprema. Se trata de dos ministros del máximo tribunal y el fiscal judicial. Jessica González y Mireya López, ministras de la Corte de Apelaciones de Santiago, son cartas para llenar los cupos que dejaron Guillermo Silva y Haroldo Brito, respectivamente. En tanto, Jorge Pizarro, ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt es el nombre para ocupar el cargo de fiscal judicial, tras el cese de Lya Cabello. Ahora, el Ejecutivo deberá sortear la valla del Senado. (…)
¿Por qué ha sido tan difícil para el gobierno estas designaciones?
Consultamos a algunos expertos, quienes apuntan a una necesaria modificación de los plazos en el proceso, evitando así extender la discusión.
Al respecto, Catalina Salem, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que el sistema falla en su diseño ante la falta de incentivos para apurar los nombramientos, permitiendo extender la mesa negociadora a otras instancias como lo es la Contraloría o la Defensoría de la Niñez.
Por otro lado, Francisco Narváez Gallo, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, considera que más allá de la “mala suerte” que ha tenido el gobierno, esta vez algunos nombres podrían llegar a buen puerto.
Jessica González, Mireya López y Jorge Pizarro, los nombres que esta vez pone el gobierno ante el Senado para solicitar su respaldo y así buscar instalarlos en la Corte Suprema, que por ahora, no ha tenido éxito.
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