Los nombramientos de los jueces han vuelto a estar en el debate público en los últimos días, a raíz de la eventual injerencia que habría tenido en algunos de ellos el abogado Luis Hermosilla, indagado en el caso Audio. Serían las designaciones del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus y del magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.
Sin embargo, este tema no es nuevo para los ministros del máximo tribunal y aunque la actual integración no es la misma —pues se jubilaron Guillermo Silva, Haroldo Brito y Jorge Dahm hace unos meses y faltan tres cupos por llenar—, no ha variado tanto su diagnóstico: debe cambiarse el actual sistema de nombramientos, pues deja “espacios de opacidad”, afirmó el pleno ayer en una declaración pública.
También habría consenso, en general, respecto de que sería clave, independientemente del modelo, que el órgano que pudiera crearse para las designaciones debiese estar integrado mayoritariamente por jueces y presidido por quien encabece el máximo tribunal, dicen quienes conocen las posturas internas. El tema fue parte de los dos fallidos procesos constitucionales. En medio de esos dos textos estuvo uno que no fue sometido a un plebiscito y que, en su momento, se consideró que lograba aunar miradas de izquierda a derecha: el anteproyecto de la Comisión Experta.
El texto de los comisionados expertos propuso cuatro órganos para dividir las funciones jurisdiccionales de las administrativas del Poder Judicial. Estas cuatro instancias contaban, además, con un consejo coordinador. Uno de estos cuatro órganos nuevos tendría la misión de designar o nominar a los ministros de la Corte Suprema y de las cortes de Apelaciones, entre otros.
En el caso de la Suprema, se planteaba que el Presidente de la República elegiría a los candidatos de una quina propuesta por este órgano nuevo, con acuerdo de tres quintos de los senadores en ejercicio. Con ello se tomaba parte del actual sistema de nombramiento de los supremos, con la salvedad de que, según la actual Constitución, quien elige la quina era la propia Corte Suprema, mientras que el quorum del Senado es de dos tercios.
En marzo de 2023, en la subcomisión de Función jurisdiccional y órganos autónomos, el ministro Leopoldo Llanos comentó: “En cuanto a la regulación en la Constitución de los nombramientos pensamos (…) que en el texto constitucional debe estar señalado cuáles o quién es el órgano que tenga las facultades de nombramiento de los miembros del máximo tribunal, y para ser coherente con lo que hemos manifestado anteriormente pensamos que este órgano debe ser el consejo de la judicatura”.
Además, dijo que “estimamos que la separación (en varios órganos) va a aumentar la burocracia; vamos a tener más órganos con más funcionarios, con más integrantes, etcétera. En segundo lugar, entre estos distintos órganos de gobierno separados podría no existir una coordinación o producirse distintas descoordinaciones entre ellos”.
Catalina Salem, académica de la U. del Desarrollo, quien integró esa subcomisión, resume así los acuerdos y desacuerdos entre los expertos y el máximo tribunal: “La Corte Suprema siempre abogó por un Consejo de la Magistratura con mayoría de jueces, mientras que la Comisión Experta optó por órganos autónomos descentralizados para llevar a cabo las labores no judiciales, entre ellas, los nombramientos”, afirma.
En abril se envió un oficio firmado por el entonces presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes, en que reiteró la postura de un solo órgano, “tipo Consejo de la Magistratura, descentralizado o desconcentrado funcional y territorialmente a nivel regional, que ejerza las funciones propias del gobierno judicial”, pero si se insistía en una pluralidad de órganos, tenían algunas observaciones. Entre ellas, que estos nuevos órganos consideren “una mayoría de integrantes que sean parte de la magistratura”, entre otros.
La excomisionada Leslie Sánchez, académica de la U. Diego Portales, indica que tanto la comisión de ministros de la Corte Suprema en esa época como el gremio de los jueces siempre han estado por “un sistema de gobierno judicial de un Consejo de la Magistratura, donde existe una mayoría de jueces que designe a los demás jueces. Lo que a ojos de la Comisión Experta tampoco solucionaba el problema de origen, porque si ya tenemos a la política nombrando jueces y eso genera un problema, también va a generar un problema que jueces se nombran entre sí”.
Afirma, eso sí, que a los supremos después les dio sentido la propuesta de la comisión. “Conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos”.
Fuente: El Mercurio
