Señor Director:
Desde la entrega de la propuesta de nueva Constitución al Presidente de la República han arreciado las advertencias de que la aprobación de dicho texto el próximo 17 de diciembre acarreará un mar incontenible de inconstitucionalidades de leyes vigentes, así como un deterioro evidente de los derechos de las personas. No sería extraño decir que, ante esos razonamientos, cada ciudadano se sienta en la antesala de un “apocalipsis constitucional”.
Se escucha que su entrada en vigencia acarrearía la inconstitucionalidad de leyes como la que autorizó el aborto en tres causales excepcionales.
Nada más lejos de un análisis desapasionado y objetivo. Porque si se lee correctamente la propuesta, se aprecia que las normas de derecho interno deberán interpretarse en forma compatible con la Constitución, pero también con los derechos y libertades contenidas en los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes. Así, si se pretende derogar la ley de aborto en tres causales, esa intención chocará con el desarrollo progresivo del derecho a la salud consagrado en la propia Carta Fundamental y en el Pacto internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de los cuales se desprende el deber de no regresividad en los derechos sociales obtenidos.
Algo similar ocurre con los derechos de los migrantes. Es la ley la que debe establecer la expulsión, en el menor tiempo posible, de aquellos que hayan ingresado al país de forma clandestina o por pasos no habilitados, pero con arreglo a formas y condiciones que no vulneren los tratados vigentes en la materia como la Convención sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. De esta forma, un juez no podrá autorizar la expulsión si no se ha cumplido con los estándares de un debido proceso, como ya lo han fallado nuestras cortes.
Fuente: La Tercera
